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Denunciar la corrupción: desafíos y propuestas de la sociedad civil en justicia administrativa

Iniciativa Sinaloa y el Border Hub presentan propuestas de política pública para reducir la impunidad en los casos de faltas administrativas y hechos asociados a corrupción

Por Iniciativa Sinaloa

Actualmente, una denuncia por faltas administrativas puede durar años en investigación sin que exista ningún lineamiento legal que obligue a las instancias investigadoras, como las auditorías superiores del Estado y de la Federación, o a los órganos internos de control, a resolver ya sea de manera negativa o positiva. 

Frente a esta problemática, Iniciativa Sinaloa, en conjunto con el Border Hub, elaboraron el policy paper Denunciar la corrupción: desafíos y propuestas de la sociedad civil en justicia administrativa, que fue presentado al público este viernes en un evento transmitido en vivo a través de Facebook Live. 

Entre las recomendaciones destaca la necesidad de reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) para establecer plazos para emitir resolución de las investigaciones, así como el establecimiento de un sistema de transparencia donde la parte denunciante pueda conocer el curso de las denuncias que se han presentado por faltas en la función pública y hechos asociados a corrupción: en qué fase de la investigación se encuentra, a qué instancia ha sido turnada, cuáles son los motivos en caso de haber sido desechada, etc.

La autora del policy paper, Zorayda Gallegos, indicó que para llegar a estas recomendaciones se realizó un estudio sobre las políticas anticorrupción desde los años 70. También se revisó el marco jurídico en esta materia, en especial las reformas que desde 2015 dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción y a la LGRA, para establecer sanciones a funcionarios y particulares que cometan actos de corrupción o faltas administrativas.

Y como parte de la metodología se analizaron cuatro casos revelados en reportajes del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub) y que terminaron en denuncias. “Seleccionamos cuatro casos, justo los que reflejan las trabas que conlleva para los ciudadanos y la sociedad civil el denunciar faltas administrativas y darles seguimiento”, comentó.

La periodista Zorayda Gallegos recordó que Iniciativa Sinaloa ha presentado 32 denuncias desde 2019, como parte de sus acciones de incidencia en el Border Hub, pero solo una ha tenido una resolución favorable, derivada de manejos irregulares en el Centro de Atención Especial para víctimas de la Guardería ABC.

Imagen 1: De 32 denuncias presentadas por Iniciativa Sinaloa, solo una ha contado con una resolución favorable, el resto permanece en “etapa de investigación” o “de recepción”, algunas desde 2019.

Imagen 2. Denuncias presentadas por Iniciativa Sinaloa por entidad federativa.

LOS OIC: CLAVE EN LA PROBLEMÁTICA

Entre los hallazgos que encontramos, continuó Gallegos, uno de los puntos claves de la problemática se encuentra en los órganos internos de control, que son las instancias dentro de las dependencias recibir, darles trámite, investigar y sustanciar las faltas administrativas: 

“a los OIC se les dio un peso muy importante a partir de que se legisla con la LGRA, pero esta responsabilidad no vino acompañada de un mayor presupuesto ni de una capacitación técnica, muchos encargados terminan desconociendo las facultades que tienen dentro de la misma Ley”.

En ello coincidieron los comentaristas invitados: Daniel Elizondo de la Torre, encargado de Litigio Estratégico de Iniciativa Sinaloa, y Araceli Corral, titular del departamento jurídico de la organización Plan Estratégico de Juárez, quienes hablaron también sobre la falta de autonomía de los encargados de los OIC y de los riesgos existentes para las personas denunciantes.

“Es el talón de Aquiles del sistema anticorrupción, los OIC sobre todo de los ayuntamientos, porque incluso han llegado a decir que la figura del síndico procurador duplica funciones, lo que podemos pugnar desde la sociedad civil es que la legislación sea clara sobre los procesos de designación de los mismos y estar al pendiente de cómo se dan estos procedimientos”, apuntó Elizondo, a pregunta expresa de la moderadora del evento, la periodista y activista Sheila Arias.

Araceli Corral, por su parte, apuntó que hay otros actores importantes como las auditorías superiores de los estados o de la federación. 

De igual forma, enfatizó que no hay garantías para denuncias de tipo administrativo ni para denuncias de hechos de corrupción.

“Tenemos también las fiscalías anticorrupción, hemos sabido de personas que acuden a las fiscalías a denunciar y comentan haber sufrido intimidación, se sienten vulnerables, hay una resistencia muy grande a veces a recibirles las denuncias”, lamentó la abogada, quien ha estado  a cargo de la presentación de denuncias penales y administrativas  como parte de su labor en Plan Estratégico de Juárez.

LAS RECOMENDACIONES

Como resultado de la investigación se emitieron recomendaciones al Poder Legislativo, a la Secretaría de la Función Pública y en materia de transparencia, entre las cuales se incluye la creación de un portal único para que los denunciantes y autoridades tengan conocimiento del estatus en el que se encuentra determinado proceso de investigación, o incluso si ya existe una sanción. 

Además, se sugiere mejorar presupuestos y la capacitación del personal técnico de los OIC, así como establecer procesos de designación públicos y transparentes, para que los titulares de estas instancias tengan los perfiles idóneos para dar resultados y evitar los conflictos de interés.

Puedes conocer el estudio, aquí:

Para ver la grabación de la presentación del Policy Paper, aquí:

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