Sin resolución ni sanciones, se cumplen 3 años de la denuncia por el caso de PRECASIN

A pesar de que Iniciativa Sinaloa presentó un juicio de amparo por las omisiones en la investigación, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas sigue sin informar resultados, de este proceso, que sigue en rezago desde la administración de Quirino Ordaz Coppel

Por Iniciativa Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 27 de febrero de 2023.-  Hoy se cumplen tres años de que Iniciativa Sinaloa AC presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) del Gobierno de Sinaloa, por las irregularidades detectadas en la investigación Precasin, la caja negra del Gobierno de Sinaloa, publicada el 11 de noviembre de 2019 durante la administración el ex gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Sin embargo, hasta la fecha, el caso sigue sin ser resuelto, no se ha emitido ninguna sanción ni se ha informado de los avances del caso desde hace casi un año.

Todo ello a pesar de que dos años después de la denuncia, IS recurrió al juicio de amparo indirecto para exigir celeridad en las investigaciones, proceso por el cual nuestra organización obtuvo una  resolución favorable del Poder Judicial, que ordenó a la STyRC rendir un informe detallado de las indagatorias.

Este fue el primer juicio de amparo por omisión de la autoridad presentado por una organización de la sociedad civil en Sinaloa, luego de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce el interés jurídico de la ciudadanía en casos relacionados con la corrupción. 

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El 21 de abril de 2022, la directora ejecutiva de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, dio a conocer que en respuesta a la resolución judicial, la STyRC aseguró que sí se encontraba investigando el caso en cuestión; sin embargo, se justificó bajo el argumento de que no hay una legislación que establezca un plazo para emitir resoluciones.

De igual modo, León Fontes exhortó al actual Gobierno del Estado, encabezado por Rubén Rocha Moya, a dar continuidad a los expedientes que se iniciaron en la administración anterior, puesto que no se ha avanzado en este sentido.

“Es importante que las autoridades investigadoras den respuesta y resultado a esta, y todas las denuncias acumuladas, pues resulta grave y preocupante que ya se cumplan tres años que no hay avance; esto propicia a que aumente la inmunidad y por ende la desconfianza en el combate a la corrupción”, declaró.

Es de recordar que mediante el análisis de decenas de documentos obtenidos por acceso a la información pública, Iniciativa Sinaloa documentó irregularidades en los procesos de contratación de Precasin, como la subcontratación simulada y la fragmentación de obra para no recurrir a las licitaciones públicas. 

Así, de 2017 a 2019 se ejercieron recursos a través de esta dependencia por más de 1,200 millones de pesos con altos niveles de opacidad.

Con base en otras investigaciones periodísticas, Iniciativa Sinaloa ha presentado dos denuncias por faltas administrativas graves ante la STyRC: una por la facturación “invisible” de partidos políticos y la otra por procesos de adjudicación directa en Servicios de Salud de Sinaloa, las cuales también siguen sin ser resueltas.

Insiste IS en reformar Ley de Responsabilidades Administrativas

Frente a la falta de resultados en las investigaciones por casos anticorrupción, IS propuso a finales de diciembre del año pasado, un proyecto de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, con el fin de establecer plazos para la resolución de las denuncias, así como para que las instancias investigadoras tengan la obligación de informar a los denunciantes el cómo van los procesos.

Esta propuesta fue entregada a la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado de Sinaloa el 09 de diciembre de 2022, con el objetivo de combatir la impunidad en este tipo de hechos, que se derivan de daños a las arcas públicas con perjuicio para todas y todos los ciudadanos.

Por lo anterior, desde Iniciativa Sinaloa, se hace un exhorto a la 64 Legislatura a discutir y, en su caso, aprobar cuanto antes estas reformas, que revisten carácter de urgente ante la ineficacia de la Fiscalía Anticorrupción y los organismos encargados de vigilar e investigar este tipo de delitos y responsabilidades.