Interpone Iniciativa Sinaloa amparo indirecto por omisión en caso Precasin

Se trata del primer juicio de amparo por omisión del Gobierno de Sinaloa presentado por una organización de la sociedad civil tras una resolución de la Suprema Corte que reconoce el interés jurídico de la ciudadanía

En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, Iniciativa Sinaloa A.C. presentó un juicio de amparo indirecto por omisión de la autoridad en la denuncia administrativa por faltas graves detectadas en la operación de Precasin, la constructora de estado utilizada en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

Se trata del primer juicio de amparo por omisión de la autoridad interpuesto por una organización de la sociedad civil en Sinaloa, tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce el interés jurídico de la ciudadanía en casos relacionados con la corrupción. 

La acción se da a partir de que el pasado 27 de febrero de 2020, Iniciativa Sinaloa presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) del Gobierno de Sinaloa para que esta investigara y deslindara responsabilidades por las irregularidades detectadas en la investigación periodística Precasin, la caja negra del Gobierno de Sinaloa.

Sin embargo, hasta la fecha se desconoce la etapa en la que se encuentra la denuncia ciudadana que debe resolver la STyRC del Gobierno de Sinaloa.

En el amparo se reclama la omisión por parte de la autoridad responsable y se recurre ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar la protección de la justicia federal y buscar que obligue a la STyRC a dar contestación y trámite a la denuncia.

De acuerdo con los hallazgos de la investigación Precasin, la Caja negra del Gobierno de Sinaloa, entre 2017 a 2019 la constructora estatal gastó más de mil 227 millones de pesos con márgenes de transparencia ínfimos, alejados de los que exigen las licitaciones públicas.

También se reveló que Precasin subcontrató y fraccionó obra, acciones con las que podría haber violentado la Ley de Obras Públicas y Servicios de Sinaloa.  Se documentó que cada obra fue dividida en tramos para que las facturas no rebasaran el millón 350 mil pesos y hacer pasar la subcontratación como una compra simple.  

Las empresas privadas fueron subcontratadas para ejecutar obra pero sus servicios se registraron contablemente como una compra simple. Precasin endosó sus facultades y obligaciones de construcción a terceros a través de compras de administración y contratación de nómina privada, compra e instalación de asfaltos, ejecución de las obras, arrendamiento de maquinaria y acarreo de materiales.

El pasado 28 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en la que reconoció el interés jurídico de los denunciantes de actos de corrupción administrativa para acudir al juicio de amparo ante la inacción de la autoridad.

Lo resuelto sentó un precedente histórico en México pues se le quita el monopolio del combate a la corrupción al Estado y se le otorga un papel activo al ciudadano en la denuncia de actos de corrupción. A través de la via del amparo, el ciudadano puede demandar si que las autoridades investigadoras no hacen bien su trabajo o se encuentran coludidas con la parte que debieran investigar.

Este precedente del que hoy hace uso Iniciativa Sinaloa podría disminuir la posibilidad de que los casos de corrupción que se detecan queden impunes.