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Propone Iniciativa Sinaloa reformar la ley para fijar plazos en investigaciones por corrupción

Actualmente, en la Ley de Responsabilidades Administrativas no se fijan tiempos para la resolución de las indagatorias, lo que ha abonado los últimos años a los altos índices de impunidad en faltas cometidas desde la administración pública.

Por Iniciativa Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 09 de diciembre de 2022.- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, desde Iniciativa Sinaloa AC presentamos ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, con el objetivo de establecer plazos concretos para la resolución de investigaciones por posibles actos de corrupción. 

En particular, su busca reformar  en dicha legislación el Libro Segundo, Título Primero, denominado “De la investigación y calificación de las faltas graves y no graves”, el cual regula lo relacionado a los principios que se deben observar en el curso de toda investigación, todos los aspectos procesales de la misma, la calificación de las faltas administrativas y todas las obligaciones y facultades con las que cuentan las autoridades investigadoras de dichas faltas.

La iniciativa recién presentada ante la Oficialía de Partes contiene dos aspectos fundamentales y sumamente importantes tanto para: a) la inhibición de realización de faltas administrativas de servidores públicos y particulares, b) la reducción considerable de la impunidad y c) el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de investigación abiertos.

En primer lugar se pone a consideración de esta Soberanía que se plasme en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa la obligación por parte de la Autoridad Investigadora (sea cual sea su denominación) de faltas administrativas, de informar periódicamente al denunciante (pudiendo ser una institución pública facultada para la presentación de denuncias administrativas o una persona física o moral de carácter privado), en específico cada tres meses, sobre cualquier avance que tenga la investigación que derivó de la denuncia presentada.

En segundo lugar, y no menos importante, se busca que la ley establezca un plazo concreto, específicamente 365 días naturales con la posibilidad de solicitar una extensión por 183 días naturales, siempre y cuando esté justificada para el desarrollo de la investigación por la posible realización de una falta administrativa.

Actualmente, no existe un plazo con el que cuenten las autoridades investigadoras para comenzar y poner fin a una investigación, algo que queda totalmente a discreción de las autoridades. Esta falta de claridad en el marco normativo ha abonado a los altos índices de impunidad y de realización de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción en nuestra entidad los últimos años.

Con lo anterior, desde Iniciativa Sinaloa AC buscamos inhibir la impunidad y, por ende, la corrupción, estableciendo plazos concretos en la legislación en el desarrollo de las investigaciones, a los cuales se deben de apegar las autoridades investigadoras de faltas administrativas, sean graves, no graves o de particulares.

Es necesario mencionar que la presente iniciativa abona a la transparencia y rendición de cuentas por parte de las mismas autoridades investigadoras, al pretender que tengan la obligación legal de informar periódicamente a la parte denunciante del avance de las investigaciones.

Antecedentes

El 09 de diciembre de 2021, Iniciativa Sinaloa presentó un juicio de amparo contra la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas por omisiones en la investigación interpuesta por el caso de Preesforzados Concretos y Agregados de Sinaloa (Precasin). 

Dicha denuncia fue presentada el 27 de febrero de 2020 por la organización, luego de una investigación periodística en la que se reveló que esta dependencia gastó 1,227 millones de pesos de 2017 a 2019, durante la gestión del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, con márgenes de transparencia ínfimos, además de otras irregularidades como el fraccionamiento de obra para evitar la licitación.

A pesar de que el Poder Judicial dictó fallo favorable a Iniciativa Sinaloa y ordenó a la STRC dar un informe del curso de las investigaciones, la Secretaría de Transparencia alegó que la ley no le exige plazos determinados para resolver una denuncia. A casi dos años de presentada, siguen sin emitir notificaciones de los avances de este proceso, un ejemplo que ayuda a entender la urgencia de una iniciativa de ley como la que hoy se presenta.

Hasta el momento, Iniciativa Sinaloa ha presentado cinco denuncias por faltas administrativas graves o hechos asociados a corrupción en Sinaloa y 26 en estados de la frontera norte, pero hasta la fecha solo una de ellas ha concluido con una sentencia a nivel local y/o nacional.

Datos:

De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),  en 2021 Sinaloa, en materia de transparencia  y anticorrupción, se ubicó de la siguiente manera:

* Con 74,697 personas, tercer lugar a nivel nacional en la tasa de población por cada cien mil habitantes que cree o ha escuchado existe corrupción en los trámites que realizó 

* Con 50,682 personas, séptimo lugar en la tasa de población por cada cien mil habitantes a la que algún conocido le refirió actos de corrupción en los trámites que realizó .

* Con 16,537 personas, octavo lugar en tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes.

Conoce la iniciativa, aquí:

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