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Se pronuncian por retirar carácter preferente a la minería y transparentar información de las minas

Durante el Diálogo “Corrupción y medio ambiente: el caso de la expansión minera en México”, activistas y periodistas coinciden en que esta no es una actividad de utilidad pública, por lo que el actual marco legal resulta violatorio de derechos humanos y contribuye a la devastación de pueblos y del medio ambiente.

POR INICIATIVA SINALOA

Modificar el marco regulatorio de la minería para dejar de considerar a esta actividad como de utilidad pública, así como transparentar la información de las operaciones mineras y sus impactos ambientales, fueron las principales demandas de activistas y periodistas que participaron en el webinar “Corrupción y medio ambiente: el caso de la expansión minera en México”, organizado por Iniciativa Sinaloa y el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

Precisamente, como consecuencia del Artículo 6 de la Ley Minera se establece que la minería es una actividad de utilidad pública, y eso es lo que otorga este carácter de preferencia por sobre cualquier otro uso del territorio en detrimento de los derechos humanos de las comunidades, en especial de pueblos indígenas, ejidos y núcleos agrarios. 

Así lo expuso Itzel Silva Monroy, abogada de Fundar Centro de Análisis e Investigación, también integrante del Colectivo Cambiémosla Ya, un grupo de organizaciones que ha denunciado durante los últimos años el contenido violatorio de DDHH de la Ley Minera. 

“Como consecuencia del Artículo 6, la ley no solo posibilita la entrega de los terrenos para la minería a las empresa, sino que posibilita también la entrega del agua; el Artículo 19 señala que solo el hecho de tener un título de concesión minera da derecho a su titular, o sea a las empresas, de aprovechar y utilizar toda el agua necesaria para las actividades mineras, pero incluso para otras actividades”, criticó durante el diálogo, que se desarrolló este jueves de manera virtual.

Itzel Silva denunció que se otorgan concesiones mineras sin respetar el derecho a la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas, lo que consideró una violación flagrante a los derechos humanos, pese a los tratados internacionales firmados por México y que lo obligan a respetar estas disposiciones desde hace más de 30 años.

Además de Itzel Silva, el panel estuvo conformado por Manuel Llano Prada Vázquez, director de Cartocrítica AC, organización especializada en apertura de datos georreferenciados sobre temas ambientales; además de los periodistas Ismael  Meza Ortega y Alicia Fernández, el primero fundador de Libera Radio en el estado de Sonora; y la segunda, videógrafa juarense, autora del documental Buenavista del Cobre: la mina que se come a Cananea. En tanto, la moderación estuvo a cargo de Sibely Cañedo,  coordinadora de proyectos en Iniciativa Sinaloa AC.

La problemática

A partir de la implementación de políticas neoliberales, se disparó la expansión de la frontera minera en el país, desatando severos daños ambientales y conflictos sociales en estados como Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Puebla, Guerrero, por mencionar los de mayor actividad minera. 

Antes de 1988, el porcentaje de superficie concesionada para actividades de minería era de 1% del territorio nacional, mientras que para el 2018 era del 10.64%, según datos oficiales. 

Durante el actual Gobierno Federal no se han otorgado nuevas concesiones mineras y se ha reducido el porcentaje del territorio concesionado de 11% a 8.59%. Sin embargo, los proyectos en operación no han disminuido y el número de concesiones sigue siendo alto: 24,066 títulos distribuidos en 16.83 millones de hectáreas, incluyendo áreas naturales protegidas, territorios de pueblos originarios, lugares sagrados para pueblos indígenas y sitios cercanos a presas o ríos.

El caso Sonora

En este escenario, Ismael Meza expuso cuáles han sido las consecuencias en los pueblos de Sonora, donde el 20 por ciento del territorio se encuentra concesionado a la minería.

“No hay minería sustentable. Los beneficios que se venden, que llegan ofreciendo las empresas mineras, que va a haber escuelas, centros de medicina, que va a haber mucho progreso… La gran mayoría de las veces no llega a la realidad, se absorben las pérdidas por parte de los pobladores y los territorios y las ganancias se las lleva nada más la empresa”, advirtió el periodista, quien detectó falta de transparencia y posibles actos de corrupción en el manejo del Fondo Minero en Sonora, como parte de una investigación periodística.

Añadió que esto se ha traducido en el desplazamiento de pueblos indígenas, rancherías y ejidos, así como en el recrudecimiento de la sequía y la contaminación del agua, como el caso que ocurrió en 2014 con el derrame de residuos tóxicos al Río Sonora como consecuencia de operaciones de Grupo México.

En este mismo sentido, la videógrafa Alicia Fernández contó su experiencia al conocer el caso de Cananea, el pueblo donde opera la mina Buenavista del Cobre, también operada por GM, donde a partir de los años 80 creció la invasión de la mina, que ha ido cercando y ocupando territorio de ese pueblo, orillando a los habitantes a vender su propiedad a la minera y migrar.

“Una de las pobladoras ejidatarias menciona un caso en donde ella muestra pagarés que hizo GM a un grupo de representantes de este ejido que le vendieron esta parte, ellos decidieron venderle, no consultaron con el resto de los ejidatarios, también hay estos señalamientos de familiares, compadrazgos, que hay entre administrativos de la empresa, que se vuelven cercanos a funcionarios”, relató Fernández en relación con las acusaciones de corrupción en torno a este caso.

Urge transparentar datos mineros: Cartocrítica

En un punto complementario, Manuel LLano Vázquez Prada urgió a transparentar la información sobre los proyectos mineros de manera desagregada, toda vez que actualmente se desconocen datos tan importantes como cuál es la cantidad de agua que se extrae para las operaciones mineras en cada proyecto. 

“Conocemos un número que se encuentra en un documento quizá de 30 años, donde dice cuál es la cantidad concesionada, mas nunca sabemos cuál fue la cantidad de agua realmente extraída, sabiendo que la actividad minera es una de las actividades que más requieren agua para su explotación”, alertó el director de Cartocrítica AC.

Destacó que el Acuerdo de Escazú, que tiene carácter vinculante para México a partir de 2021, obliga al Estado mexicano a informar públicamente sobre los impactos ambientales en suelos, cuerpos de agua, aire, etc. Sin embargo, esto no se cumple. 

Manuel Llano resaltó que la información de proyectos mineros debe darse en relación con todas sus etapas desde la exploración hasta la conclusión de sus operaciones, toda vez que lo que ocurre en la actualidad es que las empresas se van de un territorio y esto no se informa, imposibilitando planes de mitigación de daño ecológico.

En suma, las propuestas en este cuarto webinar del Border Hub e Iniciativa Sinaloa se centraron en modificar la Ley Minera y, en general, el marco legal que rige a esta actividad, que incluye la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Inversión Extranjera, entre otras disposiciones.  De igual forma, los panelistas enfatizaron la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en materia ambiental, para poder lograr que la industria minera no imponga sus intereses por encima de las comunidades y los ecosistemas.

 Enlace para ver el webinar completo:

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