Piden cerrar paso a partidos que aun mantienen deudas ante el INE

Iniciativa Sinaloa y el Border Hub presentan el estudio “Los límites de la fiscalización electoral en México: el negocio de los minipartidos”, en el que se propone castigar la práctica donde partidos “reviven” con otro nombre luego de haber desfalcado al erario y evadido el pago de sanciones

A 22 de junio de 2022.

A pesar de las reformas que se han presentado en el sistema político mexicano, los partidos siguen encontrando la forma de violar la legislación electoral sin consecuencias.

 Es el caso del Partido Encuentro Social (PES): perdió el registro hace cuatro años y aún debe en multas más de 60 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de acumular 1,348 sanciones en 2018, pero esto no fue impedimento para “revivir” al PES como Partido Encuentro Solidario dos años después y nombrar al mismo dirigente, aunque desapareció de nuevo en 2021 tras no alcanzar el mínimo de 3% del padrón electoral en las votaciones.

Lo anterior fue parte de los hallazgos del policy paper Los límites de la fiscalización electoral en México: el negocio de los minipartidos, coordinado por Iniciativa Sinaloa AC en alianza con el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub) y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés), en el que se proponen candados para evitar estas prácticas, resultantes en un daño al erario y se han encontrado en estados como Coahuila y también a nivel nacional.

El autor del documento, Ángel Leyva Murguía, criticó que este tipo de partidos no aportan mucho a la sociedad y han operado como  instrumentos para el  enriquecimiento privado.

“Los partidos pequeños más que abonar a la democracia y convertirse en auténticos contrapesos se han convertido más bien en negocios, y en ese sentido, su desempeño ha sido realmente  limitado”, expuso el investigador durante la presentación pública del estudio, que se realizó de manera virtual el pasado martes, con el objetivo de socializar las recomendaciones de política pública derivadas del mismo. 

Durante el evento, se contó con el análisis del doctor Ernesto Hernández Norzagaray, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y experto en estudios electorales, así como con la moderación de Carmen Garnica Luna, titular de Incidencia y Vinculación en Iniciativa Sinaloa; y de la periodista Lucía Pérez Paz, integrante del Border Hub.

Para reproducir el video, haz click en el siguiente enlace: 

Sanciones no son efectivas

Continuando con su intervención, Leyva Murguía mencionó  que los procedimientos sancionadores en el sistema electoral han perdido su esencia, puesto que las multas representan un mínimo porcentaje de las prerrogativas que reciben los partidos, como ocurrió con el Partido Encuentro Social, que recibió 237 millones de pesos de financiamiento en 2017 y de 398 millones el siguiente año.

“Esto abona a la hipótesis de que las sanciones a los partidos políticos no son lo suficientemente fuertes como para inhibir que sigan cometiendo estas faltas”, resaltó.

El investigador recordó que la idea surgió del reportaje Desfalcan, pierden el registro y reviven: el negocio redondo de los minipartidos, elaborado por Armando Ríos y Lucía Pérez Paz, periodistas que recibieron apoyo del Border Hub para realizar esta investigación, en la que encontraron el mismo tipo de conducta en el estado de Coahuila, donde de 2015 a 2017 cinco partidos fueron castigados por irregularidades en el gasto de 76.3 millones de pesos, pero al perder el registro ganaron la posibilidad de evadir el pago de multas al disolverse la personalidad jurídica del partido, sin perder la oportunidad de crear un nuevo instituto político.

Sin identidad social, partidos como negocio

El doctor Ernesto Hernández Norzagaray recordó que en sus orígenes el sistema de partidos tenía que ver con una serie de fracturas relacionadas con causas o intereses sociales específicos, provocando la formación de fuerzas políticas para representarlos. 

“Estaban los partidos burgueses, los partidos que tenían que ver con el capital; teníamos los partidos religiosos; los partidos obreros o socialistas, que estaban articulados con los partidos comunistas o socialistas…, y estaban los partidos obreros o campesinos, más o menos estaba definido el campo de intereses que se expresaban en la representación política [...]”, explicó.

No obstante, apuntó, esta matriz se ha ido modificando y la creación de partidos se da por otro tipo de intereses.

 “Hoy basta, como lo establece la ley, que un grupo de ciudadanos se decida por razones oscuras, o como lo ha evidenciado el documento, para hacer negocios, es decir, aquellas identidades originarias hoy no están expresadas en el sistema de partidos”, lamentó el catedrático, quien propuso volver a los orígenes y revisar el diseño que da apertura a nuevos partidos, desde su declaratoria de principios y programa de acciones.

Por su parte, Lucía Pérez Paz destacó la importancia del policy paper coordinado por Iniciativa Sinaloa para incidir en cambios efectivos que impidan que esto se repita en otros estados. 

Además, destacó que al momento de realizar el reportaje se encontraron con que los candidatos y funcionarios partidistas no son considerados funcionarios públicos y, por lo tanto, se les exime de responsabilidades. 

En este aspecto, el policy paper establece una serie de recomendaciones que incluye un enfoque preventivo a través de mayor transparencia de los recursos públicos destinados a partidos y la implementación de un código de ética que les confiera mayor responsabilidad a estos actores, de manera similar a la que tienen los servidores públicos. 

Adicionalmente, a través de modificaciones a la ley en materia electoral y al Código Penal, se propone restringir la apertura de nuevos partidos a quienes en lo individual han eludido el pago de sanciones y han realizado un uso indebido del financiamiento público, burlando al sistema al crear de nuevo partidos con las mismas siglas y los mismos directivos.

RECOMENDACIONES

• Implementar enfoque preventivo y código de ética
• Restringir apertura de nuevos partidos a quienes adeuden el pago de sanciones por mal uso de financiamiento público
• Articulación de la fiscalización electoral
• Fortalecimiento de sanciones
• Creación de padrón de empresas y personas involucradas en financiamiento ilícito de partidos políticos
• Fortalecer el sistema de contrataciones gubernamentales

Aquí puedes acceder al documento completo: