Urge Ley General de Archivos; exhorto al Senado

Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado   Sen. Fernando Herrera Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política   Sen. Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación   Sen. Manuel Barbosa Huerta, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda   En febrero de este año, el Congreso de la Unión cumplió un año y ocho meses de retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos por la reforma constitucional en materia de transparencia  y acceso a la información que mandataban la promulgación de una Ley General de Archivos. En esta reforma, se estableció que dicha ley debía establecer la organización y administración homogénea de los archivos en los tres órdenes de gobierno para determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.   La gestión de los archivos públicos es condición indispensable para la materialización del derecho de acceso a la información y el deber de rendición de cuentas. Asimismo una incorrecta gestión puede minar la producción académica, histórica e investigativa. La gestión documental se refiere a documentos históricos y también a aquellos que testifican las decisiones públicas. De ahí la urgencia de una norma general y de un sistema nacional que se articule con los sistemas nacionales de fiscalización, transparencia y combate a la corrupción.     Los archivos son fuente imprescindible para la comprensión de la historia, para la formación de las memorias colectivas y la definición de las identidades. Sin los documentos que albergan, no es posible elaborar una explicación completa del pasado y del presente del país ni proyectar su futuro. Esta relevancia no ha sido debidamente reconocida ni por el Congreso, ni por la Presidencia de la República.   Desde inicios de 2016 se conformó un grupo plural de trabajo entre organizaciones civiles, expertos en archivística y senadores, dedicado a la redacción de propuestas para una iniciativa que responda a las necesidades en la materia. Sin embargo, por razones que desconocemos, las propuestas se encuentran detenidas y no se ha presentado formalmente una iniciativa en las comisiones legislativas. Por ello, exhortamos a las comisiones responsables a presentar y dictaminar cuanto antes una Ley General que contemple lo siguiente:   1.- El modelo de rectoría del sistema nacional de archivos debe tener como elemento principal la especialidad técnica. El conocimiento sobre los archivos es fundamental para construir los lineamientos nacionales en la materia. Afortunadamente, el país tiene experiencia suficiente para echar a andar el sistema nacional. Instituciones como el Archivo General de la Nación tienen la capacidad, la profesionalización y los conocimientos técnicos para enfrentar el gran reto. Por ello, la Secretaría de Gobernación no debe de ser la instancia encargada de establecer los lineamientos, disposiciones y diseño de herramientas de consulta, para que la materia archivística no se diseñe a partir de criterios politicos sino del  conocimiento técnico que atienda a las necesidades del país.   2.- La capacidad de acción del AGN ante nuevas obligaciones no ha sido considerada en los proyectos que se han discutido en mesas técnicas ni tampoco en el proyecto del presupuesto que deberá ejercerse en 2017. En éste último, lejos de fortalecer al AGN, se propone una reducción presupuestal de más del 78 por ciento (de 321.2 millones a 67.5 millones). Si las atribuciones con las que ya cuenta por la Ley Federal de Archivos no han podido ser cumplidas a cabalidad por sus limitaciones operativas y presupuestarias , el panorama frente a futuras obligaciones es inquietante.   3.- En congruencia con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información aprobada hasta ahora, los archivos históricos deben conservar su carácter público. Cualquier restricción para el acceso a los archivos históricos debe ser eliminada sin ambigüedades, es decir no puede ser considerados información reservada ni confidencial. De igual forma, es necesario  garantizar mecanismos y plazos de transferencia secundaria para que todos los archivos de interés público puedan estar a disposición de la ciudadanía.   Exhortamos a que este debate suceda cuanto antes, públicamente y escuchando las voces de las y los expertos. Los archivos son un tema tan importante que merece una amplia y pronta deliberación. Nuestro país tiene experiencia, tiene profesionales de los archivos y propuestas con calidad técnica que merecen ser consideradas y discutidas en un debate nacional similar a los que han sucedido en otros procesos de reforma.  Sin reglas técnicas de archivos, es decir, lineamientos claros, homogéneos y basados en la archivística, el país corre el riesgo de ver fracasar a los sistemas nacionales ya aprobados, pues sin documentos que contengan la memoria y evidencia de las decisiones y actos de gobierno, es materialmente imposible que exista la transparencia y el acceso a la información como también será imposible asignar responsabilidades por actos de corrupción e impunidad.   Ccp. Senadores y senadoras que integran la Mesa Directiva: Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, César Octavio Pedroza Gaitán, Luis Sánchez Jiménez, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rosa Adriana Díaz Lizama, Luis Humberto Fernández Fuentes, María Elena Barrera Tapia y Ana Gabriela Guevara Espinoza. Ccp. Senadores y senadoras integrantes de la Junta de Coordinación Política: Emilio Gamboa Patrón, Miguel Barbosa Huerta, Carlos Alberto Puente Salas, Manuel Bartlett Díaz, Miguel Romo Medina, Lucero Saldaña Pérez y Sonia Mendoza Díaz. Ccp. Senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Gobernación: Héctor Larios Córdova, Armando Ríos Piter, Miguel Ángel Chico Herrera,Ismael Hernández Deras, Manuel Cárdenas Fonseca, Gerardo Sánchez García, Graciela Ortiz González, Fernando Yunes Márquez, Salvador Vega Casillas, Laura Angélica Rojas Hernández, Raúl Morón Orozco y Ángel Benjamín Robles Montoya. Ccp. Senadores y senadoras que integran la Comisión de Estudios Legislativos Segunda: Juan Carlos Romero Hicks, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona y Luis Fernando Salazar Fernández.   FIRMAN   ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) Comité Mexicano de Ciencias Históricas DECA - Equipo Pueblo Equis Justicia para las Mujeres Gente Diversa de Baja California Gestión Social y Cooperación (GESOC) Información Accesible y Rendicion de Cuentas (IARAC) Iniciativa Sinaloa Sonora Ciudadana Visión Legislativa Alternativas y Capacidades Fundar, Centro de Análisis e Investigación Cultura Ecológica Alianza Cívica