Sin autonomía y perfiles idóneos no puede avanzar combate a la corrupción: Marlene León

Durante diálogo de Iniciativa Sinaloa y el Border Hub, activistas y periodistas urgen a crear condiciones de protección a denunciantes; además denunciaron que las investigaciones de casos de corrupción continúan sin avances

20 de mayo de 2023. Por Iniciativa Sinaloa
MONTERREY, NL.- La directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, advirtió que sin autonomía de los órganos internos de control y de las fiscalías especializadas, será difícil abatir la impunidad que actualmente prevalece en los casos de corrupción.

En el mismo sentido, expresó, esto tiene que ver con los procesos de designación, que en todos los casos deben basarse en criterios de idoneidad y transparencia.

“Esos cargos tan importantes deben pasar por un proceso público y abierto que garanticen que realmente son autónomos e independientes de otros poderes, mientras no veamos eso difícilmente vamos a tener resultados”, declaró León Fontes.

Lo anterior fue parte del diálogo Denunciar la corrupción: los retos de la sociedad civil para abatir la impunidad en México, que se desarrolló este viernes dentro de las actividades de Iniciativa Sinaloa en el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub).

En su intervención, el activista René Moreno Medina agregó que las circunstancias son adversas para denunciar la corrupción, puesto que no hay garantías de seguridad para quienes se atreven a hacerlo ya sean ciudadanos o servidores públicos.

“En materia de protección estamos en pañales, no hay un solo mecanismo de protección a denunciantes, la mayoría de las personas que denuncian es gente que trabaja en la administración pública, pero tampoco tienen garantías de que no van a perder su empleo, mucho menos hay condiciones de seguridad para la ciudadanía.”

Así lo expuso Moreno Medina, quien el mes de marzo de 2023 concluyó su periodo de 5 años como integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del estado de Chihuahua.
Comentó que su experiencia en este organismo, derivado de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción, le ha permitido concluir que este sistema, tal como está diseñado actualmente, no funciona debido a que no hay autonomía de los CPC ni de los órganos internos de control, estos últimos encargados de vigilar el uso de los recursos en cada una de las dependencias públicas.

Relevante el papel del periodismo
Por su parte, Jéssica Ayala Barbosa considera que el papel del periodismo es relevante al no dejar de denunciar los actos de corrupción, para evitar que las mismas prácticas se repliquen y los funcionarios corruptos avancen en la política nacional o local.

“Nosotros como periodistas debemos narrar y detallar todos los actos de corrupción que existen, más allá de lo electoral, incluso cuando no hay garantías de que se restaure el daño al erario público”, comentó la periodista, quien ha sido becaria del Border Hub y ha documentado casos de relevancia social en Coahuila.
Durante el diálogo, que contó con la moderación de la periodista Ana Victoria Félix, se habló de la dificultad de denunciar la corrupción, puesto que no se puede incentivar la denuncia ciudadana al no haber condiciones; pero al mismo tiempo, tampoco los funcionarios de las auditorías o de los OIC dan seguimiento a las denuncias de oficio.

Al respecto, Marlene León consideró que se deben generar condiciones para que desde ambas fuentes se pueda generar la denuncia, y sobre todo, que estas avancen y concluyan en sanciones que inhiban la corrupción.

Del mismo modo, criticó que actualmente la legislación no contempla plazos para que las autoridades investigadoras emitan resoluciones, por lo cual estas pueden durar años “en etapa de investigación”, cuando no se tiene la certeza de que realmente se encuentren investigando, ya que no se informa al denunciante sobre los avances procesales de las indagatorias.

Aunque el panorama planteado fue adverso, el diálogo concluyó con algunas propuestas y se destacaron experiencias positivas de parte de la sociedad civil, como es el caso de Iniciativa Sinaloa en el Border Hub y la inhabilitación de una funcionaria en el estado de Sonora, por comprar a sobrecostos insumos para el CAICE, centro de atención creado para atender a víctimas del incendio de la guardería ABC en 2009. Esto como resultado de una denuncia administrativa.

Entre las propuestas que surgieron durante el diálogo, se puede mencionar la creación de un sistema de protección de denunciantes, el impulso a procesos de designación abiertos y transparentes, el uso de tecnologías para detección temprana de posibles casos de corrupción, además de promover un cambio de narrativa en los medios de comunicación para incentivar una mayor participación ciudadana en estos temas.

CONTEXTO
De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad y la asociación Tojil, las Fiscalías Anticorrupción en México están muy lejos de cumplir sus objetivos. De 19,289 denuncias de corrupción presentadas en 2022, solo 4.3% llegaron ante un juez y 0.2% obtuvieron una sentencia.
Resultados muy similares se registran en la rama administrativa, donde son insuficientes las sentencias que sancionan actos de corrupción o faltas administrativas graves dentro de la función pública: impunidad que alcanza niveles de 90%, incluyendo dependencias de los tres poderes. Lo anterior según el estudio “Impunidad administrativa en México: la ineficiencia de un sistema que genera impunidad”, a cargo de Impunidad Cero y con apoyo del Tec de Monterrey.
Por si te lo perdiste, consulta aquí la grabación del diálogo.

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