Resaltan omisiones legislativas en materia de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Red de monitoreo presenta micrositio y primer informe de seguimiento a la implementación de la Ley de Protección en Sinaloa, en el que resalta el rezago de más de un año en la creación de fiscalía especializada y de órgano interno de control para el Instituto de Protección
Culiacán, Sin, a 16 de agosto de 2023.- A través de su nuevo micrositio, la Red de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa presentó su primer informe de seguimiento a la implementación de la ley estatal que en materia de protección entró en vigor hace poco más de un año en el estado.
Como parte de este ejercicio de vigilancia ciudadana, fueron monitoreadas siete disposiciones transitorias de la referida ley y lo que se encontró es que persisten omisiones del Congreso del Estado al no haber legislado para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y creado la fiscalía especializada para delitos contra libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, como se estipulaba en el artículo 4o transitorio de la referida Ley.
Tampoco se ha realizado la convocatoria pública para designar al titular del Órgano Interno de Control del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, otra de las obligaciones del Poder Legislativo.
En focos rojos, también se presenta la obligación de establecer criterios de publicidad oficial para el Gobierno del Estado y gobiernos municipales, como señala el artículo 4o en su tercer párrafo, a fin de evitar que la contratación de pauta publicitaria se convierta en una herramienta para ejercer agresión o coerción contra los medios de comunicación y periodistas.
Entre los principales hallazgos, se pudo encontrar que de las siete disposiciones transitorias analizadas tres presentan estatus de incumplimiento, tres han sido cumplidas en su totalidad y una de manera insuficiente.
De otro lado, en materia de protección, hay obligaciones del Instituto como la elaboración de estudios de riesgo y zonas de silencio, que a más de un año de vigencia de la Ley de Protección no han sido concluidos, aunque han presentado avances al ingresar como sujeto obligado a la Plataforma Nacional de Transparencia, emitir los Lineamientos para la Asignación de Recursos Económicos por Concepto de Ayuda Social; los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de Viáticos y Pasajes y el Protocolo de Evaluación de Riesgos.
Los resultados fueron presentados en rueda de prensa a la que asistieron integrantes de la red de monitoreo, entre ellos Marlene León Fontes y Sibely Cañedo, en representación de Iniciativa Sinaloa; Lidia Oralia Sarabia, presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, y los periodistas Alejandro Sicairos Rivas y América Armenta.
Conclusiones y recomendaciones
El reporte concluyó que, a pesar de que la Ley es de observancia general y representa obligaciones de manera transversal para todas las autoridades, no se ha adoptado el compromiso suficiente y urgen acciones para conformar una política pública integral de protección que involucre a todas las autoridades y entidades públicas.
Entre las recomendaciones, la Red de monitoreo hace un llamado al Congreso del Estado a establecer una agenda de trabajo para la protección de personas defensoras y periodistas con miras de establecer una política integral que cumpla los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Exhorta, además, al Instituto a instrumentar una estrategia de vinculación y coordinación a fin de crear una cultura de respeto y protección hacia defensores y periodistas dentro del servicio público de todos los niveles y asuman sus responsabilidades.
Durante el encuentro con los medios, la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, hizo un llamado a periodistas y defensores a explorar el micrositio Por una Protección Integral, para conocer las actividades y pronunciamientos de la red de monitoreo, la cual continuará presentando informes acerca de la implementación de la Ley de Protección en Sinaloa. Lo anterior como parte del proyecto que Iniciativa Sinaloa realiza con respaldo de la Embajada de Noruega en México a fin de fortalecer la protección a periodistas y defensores y disminuir las condiciones de riesgo que enfrentan actualmente.
Descarga el informe y consulta el Micrositio aquí:
CONTEXTO
El presente ejercicio de monitoreo se realiza con base en las disposiciones contempladas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de mayo de 2022.
Con esta Ley, todas las autoridades del estado de Sinaloa se encuentran obligadas a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de las actividades de defensa de derechos humanos y el periodismo en el ámbito de sus facultades.
A partir de la misma, se creó el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, responsable de emitir medidas de protección tanto urgentes como preventivas para disminuir riesgos a los grupos protegidos.
De acuerdo con datos del Instituto, desde sus inicios en agosto de 2022 hasta el mes de junio de 2023, se han otorgado un total de 190 medidas de protección, de las cuales 34 han sido medidas de urgente protección, 33 medidas de atención ordinaria, 26 medidas de protección y 97 acciones preventivas.
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