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Proponen crear sistema nacional de contrataciones públicas

* Deficiencias en los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia impiden monitorear y vigilar efectivamente el gasto público

* Durante diálogo de Iniciativa Sinaloa y el Border Hub, exponen activistas y periodistas cómo detectar y prevenir la corrupción en contratos

Por Iniciativa Sinaloa
A 23 de junio de 2023. Crear un sistema nacional de contrataciones públicas, fue una de las propuestas surgidas durante el diálogo organizado por Iniciativa Sinaloa y el Border Hub la tarde de este jueves.

Para Fernanda Avendaño, coordinadora de administración del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una de las bases del problema de la corrupción es la falta de acceso a datos de calidad, pues las plataformas que actualmente tienen esa función presentan deficiencias.

Esto lo dijo en referencia a las plataformas de Compranet y a la Nacional de Transparencia, en especial esta última que es la única que en teoría debería contar con toda la información de contratos públicos tanto a nivel federal como de gobiernos estatales y municipales.

“Sin ese mínimo necesario, que es contar con una PNT funcional, completa y de calidad difícilmente podríamos transitar a elementos más complejos, como el proceso de compra efectivo, que asegure las mejores condiciones o un sistema de contrataciones a nivel nacional”.

Así lo expresó Fernanda Avendaño, quien formó parte del panel conformado por activistas anticorrupción y miembros del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub). Entre ellos los periodistas Jesús Alberto Ibarra Félix, quien ha documentado diversos casos en el estado de Sonora; así como Miguel Ángel Silerio Ortega, coordinador del área de investigación periodística de la organización Plan Estratégico de Juárez; y el reportero Abraham Rubio Zamora.

Por parte de sociedad civil, se contó además con la participación de Daniela Ramírez Cuevas, directora operativa de Vigilancia Ciudadana, organización con sede en Tijuana, Baja California, con amplia experiencia en proyectos de fortalecimiento de participación ciudadana y la agenda anticorrupción.

Los patrones comunes en la corrupción

Como moderadora del panel, la coordinadora de Iniciativa Sinaloa, Sibely Cañedo, expuso que los contratos se han convertido en un mecanismo de apropiación de recursos públicos para fines privados, esto es porque la adquisición de bienes y servicios que deberían ser para satisfacer las necesidades de la población, se hacen con objetivos de enriquecimiento ilícito.

Esto contraviene al artículo 134 de la Constitución Mexicana, el cual establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas y los Municipios, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y siempre en las mejores condiciones para el erario y el Estado.

Así continuó el diálogo Cómo identificar y prevenir la corrupción en contrataciones públicas: una mirada desde la frontera, en el que los periodistas expusieron los patrones que han encontrado y las redes de actores con posición de poder que han facilitado este tipo de prácticas.

Jesús Ibarra Félix puso énfasis en las llamadas empresas “fantasma”, creadas para facturar operaciones no realizadas, práctica que pudo describir en el reportaje Desviaron empresas “factureras” de Sonora más de 221 millones de pesos, publicado en marzo de 2022.

“Una propuesta sería la regulación y vigilancia de cumplimiento de las notarías públicas, el caso que mencionaba de una red de notarios que crean empresas fantasma por voluntad o por instrucción, es digno de estudio; hace ver anacrónico el funcionamiento del fedatario público en esta época; es necesaria una reforma a las notarías”, explicó.

Los ponentes coincidieron en la necesidad del uso de herramientas tecnológicas que ayuden tanto a periodistas y sociedad civil como a las propias instituciones, para que ejecuten procesos de compra con base en licitaciones transparentes, que garanticen una real competencia y la mejor alternativa para el Estado.

Miguel Silerio, por su parte, opinó que el combate a la corrupción debe enfocarse también en los órganos encargados de combatir y sancionar la corrupción. Se pronunció por asegurar su independencia para que cuenten con las condiciones para que puedan actuar efectivamente.

“Un caso destacado de por qué el combate a la corrupción no se realiza sucede en Chihuahua, donde hemos visto uso político del poder judicial para investigar a quienes combatieron la corrupción la administración pasada”, ejemplificó. 

Mientras tanto, Abraham Rubio expuso el modus operandi de la empresa Aval Comercializadora, que dos semanas después de cambiar de nombre, giro y propietarios,se convirtió en la principal proveedora del municipio de Juárez y el DIF local para suministrar con despensas a la población afectada por la contingencia sanitaria de la Covid-19, también en el estado de Chihuahua. 

Lo anterior de acuerdo con la investigación Crean empresa para ganar contratos en Ciudad Juárez, publicada el 19 de octubre de 2022.

Fortalecimiento de sociedad civil

La directora operativa de Vigilancia Ciudadana, Daniela Ramírez, resaltó que aunado a estas medidas es necesario fortalecer la participación ciudadana y la concientización sobre los daños que causa la corrupción.

“Necesitamos continuar fortaleciendo la ciudadanía; reflexionar qué acciones de corrupción hemos normalizado para poder ir sorteando y ver en qué cosas sí podemos incidir”, indicó.

La activista destacó la relación entre prensa y organizaciones civiles y recordó el trabajo que ha realizado Vigilancia Ciudadana en conjunto con el Border Hub para concretar acciones de incidencia a raíz de las evidencias que arrojan los reportajes.

Derivado de esto, en agosto de 2022, Vigilancia Ciudadana presentó al Congreso del Estado una propuesta de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California, así como a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para tener contrataciones públicas más transparentes y prevenir probables actos de corrupción en el uso del recurso público.

En suma, los panelistas exhibieron prácticas de riesgo en las contrataciones como es la firma con proveedores de reciente creación o varias veces sancionados, proveedores con objeto demasiado general o ambiguo, proveedores con el mismo representante legal, así como las licitaciones públicas con único participante o las asignaciones directas. 

Por ello, se reforzó la idea de que es necesario contar con sistemas de información a nivel nacional con los que las entidades públicas puedan cruzar datos con otros estados y con gobierno federal para evitar este tipo de prácticas, muchas veces lesivas para el erario.

Escucha el diálogo completo aquí.

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