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Organizaciones de la sociedad civil lanzan reto #PublicidadAbierta
- Esta campaña es una oportunidad para invitar a los gobiernos, en todos los niveles, a implementar la herramienta “Transparencia en Publicidad Oficial”, elaborada por el INAI y Fundar.
- Los gastos multimillonarios en publicidad oficial continúan afectando la independencia de los medios de comunicación, la libertad de expresión y el derecho a saber.
- La transparencia es el primer paso para un mejor control en el manejo de los recursos públicos y el combate a la censura indirecta.
- Por primera vez, un gobierno estatal se compromete a transparentar sus gastos en publicidad oficial. El poder ejecutivo de Chihuahua ya implementó la herramienta.
Se cumplieron cuatro años de la promesa de Enrique Peña Nieto, sobre la creación de una instancia ciudadana que supervise y transparente la contratación de la publicidad oficial en todos los niveles de gobierno. Hasta el día de hoy, ese compromiso no se ha materializado. Y el uso de la publicidad oficial sigue rigiéndose bajo las mismas malas prácticas: escueta informacion y nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de millones de recursos públicos que se asignan sin regla.
Por ello y ante la ausencia de cambios institucionales y en las prácticas, organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña #PublicidadAbierta, con el propósito de invitar a todas las entidades federativas y demás sujetos obligados a sumarse en este ejercicio de transparencia en materia de publicidad oficial, mejorar la rendición de cuentas, y a su vez terminar con las malas prácticas entre medios de comunicación y gobierno, las cuales permean la libertad de expresión y el derecho a la información.
Esta campaña, convocada desde la sociedad civil, se realiza en el marco de la presentación de la herramienta Transparencia en Publicidad Oficial (disponible en publicidadoficial.inai.org.mx), cuyo objetivo es que las instituciones de gobierno, en todos sus niveles, gestionen y transparenten el gasto en comunicación social y publicidad oficial, tal y como lo indica la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
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