Operación desfalco Sinaloa. La ordeña del erario

Marlene León, Zorayda Gallegos y Silber Meza Mexicanos Contra la Corrupción e Iniciativa Sinaloa.

En la última década 16 funcionarios y políticos de Sinaloa –exgobernadores, senadores, diputados, líderes de partidos, candidatos, alcaldes y secretarios de estado– han logrado obtener contratos o subsidios públicos mientras se hallaban en una posición de privilegio. Esto les ha permitido hacer negocios con los gobiernos a través de sus empresas familiares. El monto obtenido mediante este esquema de posible conflicto de intereses y tráfico de influencias supera los 800 millones de pesos.

Mientras que en Quintana Roo se apropiaron ilícitamente de bienes inmuebles, en San Luis Potosí se volvieron profesionales del moche y en Veracruz se convirtieron en maestros de la creación de empresas fantasma, en Sinaloa la clase política ha utilizado un mecanismo poco sofisticado pero eficaz: han creado empresas reales a nombre de los propios políticos o familiares y han ganado contratos gubernamentales donde ellos tienen una amplia capacidad de influencia.

La práctica alcanza a políticos relacionados con casi todos los partidos: PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Nueva Alianza. También involucra a tres exgobernadores de Sinaloa: Francisco Labastida Ochoa, Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez.

Francisco Labastida Ochoa ha sido uno de los hombres con más poder en la política mexicana moderna: además de exgobernador de Sinaloa (1987-1992), fue titular de la Sagarpa (1995-1998), secretario federal de Gobernación y candidato presidencial en el año 2000, cuando el PRI perdió contra el panista Vicente Fox. Durante su paso por la Sagarpa tuvo como mano derecha a Marcos Augusto Bucio Mújica, quien fungió como coordinador de los delegados federales de esa secretaría. Anteriormente Bucio había sido el secretario particular de Labastida durante los seis años de su gobierno.

Bucio volvió a la Sagarpa federal como oficial mayor en diciembre de 2012, justo al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y coincidentemente en el periodo en que estuvo en el cargo, la empresa Agri 27, propiedad de Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de su amigo Labastida Ochoa, comenzó a ver un incremento en los subsidios que recibía.

Mientras que en 2012 los apoyos para su empresa apenas alcanzaron los 822 mil 503 pesos, en 2013 –primer año de Bucio– estos se incrementaron a 1 millón 817 mil 249 pesos, en 2014 recibió una cantidad similar de 1 millón 822 mil 556 pesos y en 2015 Labastida jr. sumó 2 millones 994 mil 671 pesos. La buena racha para Labastida Gómez de la Torre acabó cuando Bucio dejó la Sagarpa (septiembre de 2015) para irse de Cónsul a El Paso, Texas. En 2016, Agri 27 apenas sumó 152 mil 600 pesos en subsidios.

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