Los periodistas no pueden solos contra la corrupción y la violencia, advierten activistas

Los periodistas no pueden solos contra la corrupción y la violencia, advierten activistas.

Representantes de organizaciones por la libertad de prensa y periodistas llamaron a no permitir que los crímenes de comunicadores queden impunes, porque son crímenes que atentan contra toda la sociedad y la democracia

POR INICIATIVA SINALOA.- Al advertir que las agresiones a periodistas vulneran la democracia en México, activistas por la libertad de prensa lanzaron un llamado a la sociedad a no permitir que los crímenes de comunicadores queden impunes, a no dejar solos a los periodistas contra la corrupción y la violencia.

Como parte de las actividades del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, la tarde de este jueves se realizó el foro virtual “Agresiones a periodistas en el contexto del combate a la corrupción” para reflexionar sobre los recientes hechos violentos, que han cobrado la vida de seis periodistas en apenas dos meses que van de este año y ha provocado que muchos medios dejen cubrir temas de riesgo. 

El director del Border Center for Journalists and Bloggers, Jorge Luis Sierra, destacó que ante el arraigo de la impunidad en nuestro país, es fundamental la respuesta de diferentes sectores para acompañar al periodismo que denuncia la corrupción. 

En primer lugar mencionó a las empresas que no otorgan los salarios adecuados y mantienen a los periodistas en condiciones de precariedad laboral.

“Es muy importante la respuesta de los demás sectores porque el periodista no puede solo; necesita el apoyo de las empresas y muchas veces no otorgan los salarios más adecuados para los colegas: carecen de seguro social, de seguro médico, tienen jornadas extenuantes y eso va mermando la posibilidad de que los periodistas hagan investigación anticorrupción, porque viven más preocupados por sobrevivir”, explicó.

Agregó que la impunidad no se queda en los crímenes de periodistas, sino que se extiende a las investigaciones que estos realizan, por lo que enfatizó la importancia de la sociedad civil para interponer denuncias legales por los casos que revelan las y los reporteros. Es el caso de Iniciativa Sinaloa AC, que ha interpuesto más de 20 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y otras instancias fiscalizadores por faltas contra la administración pública detectadas en los reportajes del Border Hub. 

“A pesar de todo este esfuerzo, nos hemos encontrado que muchas demandas se encuentran paralizadas, no prosperan, no llegan más allá, allí también hay una responsabilidad de las instancias de fiscalización, mientras no funcionen y no sancionen la corrupción, de nuevo las y los periodistas quedan más expuestos, más vulnerables…”, continuó el especialista en ciberseguridad.

En el foro, que fue convocado por Iniciativa Sinaloa y moderado por la periodista Rocío Gallegos, participaron también los representantes del Comité para Protección de Periodistas en México, Jan-Albert Hootsen; y de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores Martínez, así como la corresponsal de Reforma en Tijuana, Aline Corpus.

Durante el diálogo, se evidenció la complejidad de este problema y se abordaron diversos temas vinculados, como las causas de la impunidad, las fallas del Mecanismo de Protección y las propuestas de periodistas para responder a esta crisis de inseguridad para hacer su trabajo.

Como eje fundamental para lograr justicia en los casos de periodistas asesinados, Jan-Albert Hootsen mencionó que es urgente implementar buenas prácticas de investigación en las autoridades locales, pues a pesar de que el nuevo sistema de justicia oral en México exige evidencias de mayor calidad para abrir una investigación, las policías locales no han avanzado en ese sentido y eso perpetúa la impunidad porque la respuesta local es muy deficiente.

“La brecha entre lo que se requiere para llevar a cabo un juicio oral para poder llegar a una sentencia condenatoria y la propia labor de las policías y las fiscalías es cada vez más grande porque ningún gobierno en México, federal o estatal, se ha mostrado con la voluntad de invertir lo suficiente en estas entidades, con la finalidad de reducir o acabar con la impunidad”, denunció el representante de CPJ, una organización internacional sin fines de lucro.

Por su parte, la periodista Aline Corpus habló de cómo han respondido sus colegas en Tijuana, buscando continuar con su labor a pesar de los peligros, luego de que esta zona es considerada de riesgo y más con los asesinatos el pasado mes de enero de Margarito Martínez y Loúrdes Maldonado, con diferencia de apenas una semana.

“En la actualidad lo que nos preocupa es que en el mecanismo de protección (estatal) no se establecen claramente responsabilidades de aquellos funcionarios que están a cargo de proteger a nuestros colegas, no hay un nombramiento que podamos decir ‘esta persona está asignada para eso´, sino que queda señalado de manera muy general: el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal”, detalló Corpus, quien cubre tanto temas locales como binacionales.

En días pasados, acotó, se entregó un documento al subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, Alejandro Encinas, con las propuestas del gremio para prevenir y proteger la labor informativa y a quienes la ejercen.

Siguiendo con este punto, Balbina Flores mencionó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas opera con recursos insuficientes a nivel federal. 

“Actualmente, el mecanismo de la Secretaría de Gobernación cuenta con 40 personas para atender a una población beneficiaria de 1,500, de los cuales cerca de 500 periodistas, son muchos beneficiarios y poco personal, es algo que ya hemos señalado pero no se ha hecho nada”, comentó la representante de RSF y articulista de Revista Zócalo.

Finalmente, señaló que es notoria la falta de políticas públicas para resolver de fondo esta problemática, no solo en materia de protección y justicia, sino sobre todo en materia de prevención, para evitar que más periodistas sigan perdiendo la vida en aras de su labor.

Article 19, organización para la defensa de la libertad de expresión, ha registrado 150 asesinatos de periodistas en México de 2000 a la fecha, en posible relación con su labor informativa. La documentación incluye 47 crímenes ocurridos durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 durante la actual gestión de Andrés Manuel López Obrador. 

De manera lamentable, horas después de concluido el panel, los medios reportaban el asesinato en Empalme, Sonora, del periodista Jorge Camero, quien era director del portal El Informativo, con lo que la cifra letal continúa incrementándose.

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