Logro ciudadano

Después de 19 meses de litigio y haber recorrido todas las instancias, un ciudadano de Ciudad Juárez, Chihuahua, consiguió, mediante un amparo, tener acceso a las reuniones previas de las sesiones del Cabildo de ese Municipio, que por reglamento excluye la participación ciudadana de sus sesiones. El 11 de junio, Miguel Fernández Iturriza, presidente de la Asociación Civil Plan Estratégico de Juárez, ingresó por primera vez a una reunión previa del Cabildo, con la intención de fiscalizar el trabajo de los regidores y determinar qué tan productivos y transparentes son al momento de tomar sus decisiones. Este ingreso, indicó Fernández Iturriza en conferencia de prensa en la Ciudad de México, le había sido negado reiteradamente por el Municipio, con el argumento de que el reglamento interior no contempla la participación ciudadana en esas reuniones, que son preparatorias de la sesiones ordinarias que tiene el Ayuntamiento. Fuente: www.pactoporjuarez.org

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Posicionamiento: Iniciativas en Congreso de Sinaloa violentarían la libertad de expresión, urgen discusiones sobre censura en línea

Culiacán, Sinaloa, a 20 de junio de 2025.- ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica, e Iniciativa Sinaloa expresamos profunda preocupación por las iniciativas presentadas en el Congreso de Sinaloa en las cuales se planteaba la modificación del Código Penal del Estado de Sinaloa en materia de “Violencia Digital” y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Aunque ambas iniciativas fueron retiradas hoy mismo 20 de junio, preocupa de sobremanera a ambas organizaciones que este tipo de iniciativas se estén generando en múltiples estados de la República, consolidando una tendencia a censurar la libertad de expresión.

Avanza iniciativa ciudadana que propone impedir que agresores de periodistas y/o defensores asuman cargos públicos

El Congreso del Estado dio hoy primera lectura a la propuesta presentada por Iniciativa Sinaloa para realizar adiciones a la Constitución Política del estado, ampliando la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, a fin de garantizar mayor protección a estos 2 gremios, ya que entre los perpetradores de agresión hay un alto porcentaje de funcionarios públicos

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