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Impulsan por primera vez que una averiguación previa en materia de Derechos Humanos sea abierta

Con base en una solicitud de acceso a la información a la PGR y un posterior recurso de revisión ante el INAI, la periodista independiente Zorayda Gallegos, en un trabajo coordinado con el también periodista independiente y socio fundador de Iniciativa Sinaloa, Silber Meza, lograron desclasificar la averiguación previa en curso de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Ambos fueron los primeros ciudadanos que tuvieron acceso a la versión pública del expediente que consta de 52 mil 226 hojas, y 13 anexos de 1,702 hojas. La documentación fue revisada in situ desde el 24 de septiembre pasado, un par de días antes de que se cumpliera el primer año de la tragedia. En un hecho sin precedentes, el 11 de octubre la PGR dio un paso más en su decisión de transparentar la averiguación y publicó en internet las más de 50 mil fojas del documento. El proceso para abrir el expediente inició así: el 24 de octubre de 2014 se le solicitó la averiguación previa a la Procuraduría General de la República (PGR) vía Ley de Transparencia, sin embargo la dependencia negó su entrega y la clasificó como reservada por tratarse de una averiguación previa en trámite. Ante la negativa, se interpuso un recurso de revisión en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien lo admitió el 28 de noviembre de 2014 y le asignó el número RDA 5151/14. Casi tres meses después, el 20 de febrero 2015, el INAI resolvió que la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015 debía entregarse en versión pública porque está vinculada con violaciones graves a derechos humanos. "En la versión pública no podrán omitirse los nombres de los servidores públicos que presuntamente participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que sean públicos, así como de aquellos que hayan sido puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional", se asienta en la resolución. Además, el INAI ordenó a la PGR que ante la importancia del caso se hiciera una excepción en el procedimiento y que asumiera los costos que conllevara la elaboración de la versión pública. Dicho documento tardó cinco meses en concluirse, y según la PGR implicó un costo material superior a los 200 mil pesos. La resolución marca un precedente en materia de transparencia porque es la primera vez que una averiguación previa abierta y relacionada con violaciones a los derechos humanos se pone a disposición del público. Ahora, cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puede consultar el expediente que ha cimbrado a México y que ha sido comparado con los hechos del 2 de octubre de 1968.

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