Figura de violencia política de género puede ser usada contra libertad de expresión, advierte A19

En el municipio de Escuinapa, Iniciativa Sinaloa y Artículo 19 brindaron capacitación a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en seguridad jurídica, seguridad digital y elaboración de protocolos para prevención de riesgos

Sobre la cobertura electoral, el abogado Edgardo Calderón conminó a periodistas a respetar las disposiciones de la ley electoral y comunicar con respeto a los derechos políticos de las mujeres, para evitar consecuencias legales

Por Iniciativa Sinaloa

ESCUINAPA, Sin., a 04 de febrero de 2024.-  Periodistas y personas defensoras de derechos humanos en este municipio participaron en el taller de Protección Integral, impartido por la organización internacional Artículo 19, especializada en defensa de la libertad de expresión.

Frente al actual contexto de riesgo para ambos gremios, el objetivo fue brindar a los asistentes herramientas en temas como elaboración de protocolos de seguridad, seguridad jurídica, seguridad digital y cobertura electoral.

Ante la cercanía de los comicios del próximo 2 de junio, el abogado Edgardo Calderón conminó a las y los periodistas presentes a respetar los derechos políticos de las mujeres, en apego a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), sean candidatas o funcionarias, sobre todo a ejercer una crítica en relación con su función pública y su trayectoria política. Pero nunca en función de su vida privada u otros temas que le puedan afectar por su condición de ser mujeres.

No obstante, advirtió, un efecto no deseado de esta ley es que se ha convertido en una práctica por parte de partidos o funcionarias el utilizar la figura de violencia política para demandar periodistas e inhibir la libertad de expresión, aun cuando estos no estén incumpliendo la ley.

“Desafortunadamente, se ha presentado esta práctica, y en las próximas elecciones será un tema en el que se debe tener cuidado porque puede llevar a periodistas a ser sujetos de demandas”, resaltó el especialista, quien es coordinador del programa de Defensa en Artículo 19.

Por este motivo, recomendó a los medios de comunicación y periodistas contar con asesoría jurídica especializada en todo momento para no caer en violaciones a la ley y sufrir consecuencias legales. 

Citando la LGIPE, recordó que la violencia política contra las mujeres en razón de género se define como:

“[...]  toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.”

Violencia digital, común contra PDP

Sobre violencia en el ámbito digital en contra de periodistas y personas defensoras, habló María José de Icaza, investigadora del programa de derechos digitales de la organización.

Por su parte,  la investigadora Noemí Pineda Fierro fue la encargada de explicar el proceso de elaboración de protocolos de seguridad y el concepto de seguridad integral, que abarca los aspectos jurídico, psicosocial y digital.

En este punto, María José de Icaza mencionó que algunas de las agresiones digitales más comunes, son el robo de identidad, el hackeo de cuentas y redes sociales, acoso y hostigamiento, amenazas, así como campañas de desprestigio. 

Comentó que este tipo de agresiones tienen graves impactos en la vida de las personas, puesto que pueden trasladarse del espacio digital al físico, incluso tener consecuencias psicológicas para las personas que las padecen, puesto que las hace sentir vulnerables y expuestas.

Por lo tanto, recomendó tomar la seguridad digital como un hábito y establecer protocolos de prevención como el de contraseñas seguras, entre otras medidas.

Esta actividad fue posible gracias al apoyo de la Embajada de Noruega en México y forma parte del proyecto que Iniciativa Sinaloa lleva a cabo en el estado para dar seguimiento a la adecuada implementación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos  y Periodistas.

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Sobre violencia digital contra periodistas y personas defensoras, habló la investigadora María José de Icaza, del programa de derechos digitales de Artículo 19.

La investigadora Noemí Pineda Fierro habló sobre el proceso para diseñar un protocolo de seguridad para activistas y periodistas.