Esquema de simulación y acaparamiento de contratos en obras escolares en Sinaloa del sexenio anterior

* Persisten rezagos en 5 de cada 10 planteles de nivel básico pese a cerca de 2 mil millones de pesos invertidos durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel (2017-2021), de los cuales todavía se adeudan recursos del programa Escuelas al Cien

*Iniciativa Sinaloa y Mexicanos Primero presentan investigación Inversión en infraestructura educativa: la tubería rota de los recursos públicos, en la cual se detectó un exceso de adjudicaciones directas y concentración de obra pública en grupos de contratistas; así como la falta de un plan estratégico para subsanar las carencias estructurales

Por Iniciativa Sinaloa

Culiacán, Sin., a 11 de diciembre de 2023.- A pesar de que se invirtieron cerca 2 mil millones de pesos en infraestructura escolar en Sinaloa de 2017 a 2021, siendo gobernador Quirino Ordaz Coppel, no solo persiste el rezago con 5 de cada 10 escuelas de nivel básico con alguna carencia, sino también la deuda pública, que al día de hoy compromete el presupuesto estatal para educación en el estado.

Iniciativa Sinaloa presentó resultados de la investigación Inversión en infraestructura educativa: la tubería rota de los recursos públicos, con acompañamiento de la organización Mexicanos Primero Sinaloa, en la cual fueron analizados 1,636 contratos del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE), disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y sistematizados en el portal de Monitor Karewa (www.adondevanmisimpuestos.org). 

Y lo que se encontró fue que durante este periodo se rebasaron los límites legales de adjudicaciones directas sin que se mostraran las justificaciones o estudios de mercado para cada proyecto, además del acaparamiento de contratos en redes o grupos de contratistas.

A pesar de que las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, tanto estatal como federal, señalan que la licitación pública debe ser la modalidad por regla general para la asignación de contratos, en el ISIFE de Quirino Ordaz Coppel, hoy embajador de México en España, solo se licitó el 40.12%, mientras el 34.44% se asignó por adjudicación directa y el 25.44% por la vía de la invitación a cuando menos tres personas.

Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia y Monitor Karewa Sinaloa. 

Así lo explicó en conferencia de prensa, la coordinadora de Iniciativa Sinaloa, Sibely Cañedo, quien estuvo acompañada por Gustavo Rojas Ayala, director general de Mexicanos Primero Sinaloa, organización especializada en temas educativos.

“Son señalamientos que ya ha hecho la Auditoría Superior del Estado (ASE ) al ISIFE desde 2018, al que se le ha recomendado que sea más equitativo a la hora de distribuir los contratos en su padrón de proveedores, así como a justificar las adjudicaciones directas, pero hasta la fecha no acatado”, externó.

Simulación y redes de contratistas

Durante este periodo, se detectó que grupos de contratistas o redes relacionadas entre sí concentraban gran número de contratos. 

Un ejemplo de ello fueron socios y compañías vinculadas a XV Electroconstrucciones, sociedad anónima de capital variable registrada en 2017, justo al inicio del gobierno de Ordaz Coppel, según su acta constitutiva.

No solo se otorgaron contratos a nombre de la propia empresa, sino también en lo individual a una de las socias, Yasel Yareli Ruelas López, y al comisario David García Carranza, así como a 2 negocios del ramo de la construcción del representante legal, Cruz Omar Molina Armenta. 

En total solo de ISIFE, en esos cinco años, este grupo captó 133 contratos por un monto total de 201.5 millones de pesos, lo que equivale a cerca del 10% del monto invertido por el Instituto en infraestructura educativa. 

Cañedo Cázarez expuso, además, que integrantes de este grupo también aparecieron compitiendo entre sí en licitaciones públicas y en la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, antes de que esta figura fuera eliminada de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa en 2020, con lo que estarían simulando competencia en contraposición a lo que indica el artículo 72 de la ley estatal de Obras Públicas.

Se expusieron casos de escuelas de nivel básico donde las obras de ISIFE fueron deficientes, afectando las actividades académicas. Fue el caso de la Secundaria Técnica Pesquera número 7 ubicada en Mazatlán.

Este plantel es emblemático en el puerto con más de medio siglo de existencia. Sufre un severo deterioro en sus instalaciones por el paso del tiempo y los efectos de la brisa en las estructuras metálicas. En los últimos años solo 2 veces les han asignado recursos públicos, en una ocasión les construyeron una techumbre con una inversión de 700 mil pesos, y en la otra fueron unos lavabos que fueron mal instalados y se encuentran inoperantes. Situaciones similares fueron encontradas en escuelas de Culiacán, como en la primaria Renato Vega y el jardín de niños Antonio Toledo Corro, donde las obras no fueron concluidas satisfactoriamente y tampoco hubo transparencia y rendición de cuentas hacia las directivas o padres de familia.

Comunidad escolar sufre las consecuencias

El director de Mexicanos Primero Sinaloa, Gustavo Rojas, resaltó que en Sinaloa se carece de un diagnóstico que documente la situación específica de cada plantel, pues el último censo se realizó en 2012, por lo tanto, se carece también de un plan estratégico para atender las necesidades estructurales, que son diferentes en cada institución.

“Hoy en día nos enteramos de las necesidades de las escuelas por los reclamos de las comunidades escolares, que son bastantes; o por ejercicios de diagnóstico parciales, lo que nos lleva a que no se tiene una estrategia integral para resolver las necesidades reales”, agregó.

Asimismo, aportó algunos datos que Mexicanos Primero Sinaloa ha podido recabar sobre esta problemática: 22.5% de los planteles escolares de nivel básico carecen de sanitarios; 20.3% no tienen agua potable; 19.5% no tienen lavamanos; y el 8.6% carecen de electricidad. Esto, sin contar que muchas de las escuelas no tienen bibliotecas, ni espacios culturales o deportivos que garanticen el derecho humano a la educación en nuestro país de una manera integral.

Lo que ha ocurrido hasta ahora, anotó, es que los padres y madres de familia han tenido que solventar estos vacíos con sus aportaciones denominadas voluntarias, pero que en la práctica son necesarias para brindar mínimas condiciones para los procesos educativos.

Se recomendó acatar los señalamientos de la ASE y otorgar contratos de manera más equitativa y transparente, a fin de incidir en un mejor uso de los recursos públicos en el rubro de infraestructura educativa. Pero de especial manera, atender el problema con base en un diagnóstico real, asignando presupuestos suficientes pero aplicados con criterios de legalidad, honestidad y eficiencia, para garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes.

Consultar investigación completa aquí:
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