Eliminar la Unidad Técnica de Evaluación en el Congreso implicaría un retroceso en materia de transparencia

Se debilitaría un canal técnico para la atención de denuncias ciudadanas, reduciendo las posibilidades de que estas se traduzcan en acciones efectivas de fiscalización en el Congreso del Estado, advierte Iniciativa Sinaloa

CULIACÁN, Sin., a 07 de abril de 2026.- Desde la sociedad civil organizada, comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, en Iniciativa Sinaloa expresamos nuestra preocupación ante la decisión del Congreso del Estado, tomada el pasado 01 de abril, de remover a la titular de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE), Silvia Alejandra Pineda Prado, y plantear la eventual extinción de esta instancia.

La UTE no es un órgano accesorio. Su existencia tiene fundamento legal en la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y responde a un mandato constitucional: fortalecer la capacidad del Poder Legislativo para supervisar el uso de los recursos públicos. A través de esta unidad, el Congreso cuenta con apoyo técnico especializado para evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y analizar con rigor los informes de auditoría.

En este contexto, es pertinente anotar que la creación de la UTE formó parte de un proceso más amplio, a nivel nacional, orientado a profesionalizar la fiscalización y reducir la discrecionalidad política en la revisión de las cuentas públicas. En este sentido, su función ha sido clave para incorporar análisis independientes que contribuyen a mejorar la calidad de la supervisión legislativa.

La eventual eliminación de esta Unidad representa un retroceso significativo en los avances logrados en materia de rendición de cuentas. Entre las principales consecuencias que advertimos se encuentran:

* Se debilitaría un canal técnico para la atención de denuncias ciudadanas, reduciendo las posibilidades de que estas se traduzcan en acciones efectivas de fiscalización.

* El Congreso perdería una herramienta especializada para analizar el desempeño de la ASE, lo que limita su capacidad de tomar decisiones informadas.

* Se reducirían los contrapesos institucionales, al desaparecer un mecanismo de revisión técnica independiente.

* Aumentaría el riesgo de discrecionalidad en la toma de decisiones, al contar con menos evidencia técnica.

* Se incrementaría la posibilidad de opacidad, al limitarse la identificación de irregularidades en el uso de los recursos públicos.

Es importante señalar que la existencia del Órgano Interno de Control de la ASE no sustituye las funciones de la UTE, ya que ambos cumplen roles distintos. Mientras el primero supervisa aspectos administrativos internos, la UTE evalúa el desempeño institucional desde el ámbito legislativo.

Además, desde su creación, la UTE ha generado más de 280 documentos técnicos, lo que evidencia su relevancia como fuente de información especializada para la toma de decisiones públicas.

Por todo lo anterior, consideramos que la eliminación de la UTE no puede entenderse como una medida de simplificación administrativa. Se trata de una decisión que impacta directamente en la capacidad del Congreso para cumplir con su función constitucional de fiscalización.

Debilitar las capacidades técnicas del Poder Legislativo implica, en los hechos, debilitar la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos, lo que afecta los esfuerzos para combatir la corrupción y garantizar el derecho de la ciudadanía a saber cómo se gestionan los recursos públicos.

Hacemos un llamado respetuoso a las y los integrantes del Congreso del Estado de Sinaloa a reconsiderar esta decisión y a priorizar el fortalecimiento de los mecanismos institucionales que garantizan la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio entre poderes.