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Comisión de Vigilancia exhorta a replantear presupuesto para priorizar atención y protección

Culiacán, Sinaloa, a 26 de agosto.- La Comisión de Vigilancia ve con preocupación los recientes pronunciamientos de integrantes del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, en referencia a que el primer proyecto de presupuesto da prioridad a la estructura administrativa y a la nómina, y no a la atención y protección de los beneficiarios de este organismo autónomo, de reciente creación.

En ese sentido, hacemos un exhorto respetuoso a la Directora a buscar el consenso entre las y los miembros del Consejo Consultivo y la Dirección General, permitiendo el diálogo y la construcción de acuerdos y no las decisiones verticales. 

De igual forma, se extiende un llamado a replantear el presupuesto para destinar una mayor proporción de recursos a las medidas de protección y atención a activistas de derechos humanos y periodistas, que actualmente enfrentan un contexto de riesgo, el cual es del conocimiento público ante el aumento de asesinatos de periodistas y se encuentra en el trasfondo que  dio origen a la creación de este Instituto y a la legislación respectiva.

Si bien, se busca que el enfoque del Instituto se dirija hacia la prevención, para no tener que llegar a la consumación de agresiones y la atención de las mismas, consideramos que en este momento la capacidad de respuesta a las amenazas y peligros que enfrentan periodistas y activistas puede ser la diferencia para salvar vidas.

Por lo anterior, sometemos a consideración del Instituto las siguientes propuestas:

* Compactar la estructura operativa y suprimir cargos secundarios, no indispensables en esta primera fase del Instituto, tales como subcoordinaciones, secretarías particulares, choferes, recepcionista, entre otros.

* Hacer alianzas con organismos especializados de la sociedad civil que se especializan en capacitar a estos dos gremios para tener un mejor trabajo, así como para prevenir y atender agresiones.

* Crear coordinaciones o enlaces con las zonas norte y sur del estado, para no generar un organismo centralizado que excluya a las y los beneficiarios de esas regiones.

* Implementar prácticas de transparencia y rendición de cuentas, como la transmisión en vivo de las sesiones de Consejo, omitiendo esto solo cuando haya información sensible que por ley se tenga que proteger para no poner en riesgo a las víctimas.

* Transparentar criterios para la selección de los perfiles en las diferentes áreas operativas y administrativas del Instituto.

*Plantear al Congreso del Estado que agilice la integración del Órgano Interno de Control.

Como Comisión de Vigilancia – y antes grupo promotor de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas– consideramos que el nuevo Instituto es una oportunidad para construir una entidad sólida, en la que tenga cabida la participación ciudadana, pero también la responsabilidad gubernamental y el cumplimiento de la ley, con el objetivo de reducir las condiciones de riesgo para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión.

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