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Avanza Sistema Anticorrupción en Sinaloa, sin apertura y transparencia.

A un mes de que venza el plazo para que Sinaloa cuente con un nuevo marco jurídico para combatir la corrupción, (18 de julio), el Congreso de Sinaloa se ha quedado corto respecto a la apertura y transparencia del proceso.

En enero inició el proceso legislativo con la aprobación de dos reformas a la Constitución, la primera para crear el Sistema Estatal Anticorrupción y la segunda para crear la Fiscalía General del Estado, la cual reemplazó a la Procuraduría. 

Posteriormente el Congreso aprobó reformas al Código Penal local para tipificar como delitos graves el peculado, cohecho y abuso de autoridad. 

Sin embargo, fue hasta el 18 de mayo cuando el Congreso se pronunció a favor de la apertura, abriendo un foro para escuchar propuestas ciudadanas sobre el tema que serían incorporadas a la discusión legislativa, pero no fue así.

Los legisladores abrieron un portal de internet para informar sobre proceso legislativo, el cual no reflejó gran parte de la toma de decisiones. 

Iniciativa Sinaloa identifica, a partir de los criterios de Parlamento Abierto que deben regir en los procesos legislativos, especialmente uno como el que busca sentar las bases para combatir la corrupción, las siguientes debilidades y preocupaciones.

  1. Información desactualizada o no disponible. Aunque es de interés público acceder a los documentos del proceso, nos topamos con varias inconsistencias. Por ejemplo, no pudimos conocer los dictámenes aprobados por las Comisiones Unidas encargadas de elaborarlos. El apartado 'Dictámenes' del portal permaneció vacío hasta el final.
  2. Iniciativas incompletas. Hubo iniciativas que se incorporaron a las discusiones legislativas que no pudimos conocer a través del sitio de 'Parlamento Abierto' pues no se encontraban disponibles, tales como algunas que fueron presentadas por fracciones parlamentarias para la Ley de Responsabilidades Administrativas, las cuales sirvieron de base para aprobarla. Tampoco se encontró iniciativa para Ley de Fiscalización. 
  3. Las reuniones de comisiones fueron impredecibles. Los legisladores aprobaron cambios de último momento respecto a los días y horarios en los que celebraron reuniones de trabajo de comisiones, que no fueron notificados a la ciudadanía.
  4. No se hizo del conocimiento de la sociedad las fechas exactas para la discusión, votación y aprobación en el Pleno de cada una de las leyes y reformas del llamado Sistema Estatal Anticorrupción.

Un común denominador del proceso legislativo en Sinaloa fue la premura en la que se llevó a cabo. Se dispensaron las segundas lecturas, priorizando la prisa sobre la transparencia del proceso. Dos ejemplos de esto son la Ley de Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas las cuales se discutieron y aprobaron juntas en una sola semana, lo cual también ocurrió con la Ley de Justicia Administrativa y las reformas para regular las nuevas facultades y procesos de designación de los titulares de los órganos internos de control, incluyendo los de los organismos autónomos tales como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Respecto a esto último, se facultó únicamente a las instituciones públicas de educación superior la posibilidad de presentar candidaturas para ocupar esos puestos de titularidad, dejando fuera a los organismos de la sociedad civil.

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