Avanza iniciativa ciudadana que propone impedir que agresores de periodistas y/o defensores asuman cargos públicos

El Congreso del Estado dio hoy primera lectura a la propuesta presentada por Iniciativa Sinaloa para realizar adiciones a la Constitución Política del estado, ampliando la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, a fin de garantizar mayor protección a estos 2 gremios, ya que entre los perpetradores de agresión hay un alto porcentaje de funcionarios públicos

Culiacán, Sin., a 17 de junio de 2025.- Por unanimidad, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación la iniciativa ciudadana que busca impedir que agresores de periodistas o personas defensoras de derechos humanos ocupen cargos públicos.

Se trata de un avance significativo para la propuesta presentada por Iniciativa Sinaloa el pasado 20 de febrero, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico de protección a ambos gremios, ya que un alto porcentaje de los ataques en su contra son perpetrados por funcionarios.

Durante la primera lectura, en sesión ordinaria de hoy, la diputada Moncerrat López López expuso que esta iniciativa tiene como propósito “incorporar en la legislación del estado de Sinaloa una disposición que impida a las personas condenadas judicialmente, ya sea en el ámbito penal o civil, por agresiones contra periodistas y/o personas defensoras de derechos humanos, ocupar cargos públicos”.

El documento propone añadir un párrafo al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa:

“Se perderá el derecho a ser votado cuando el ciudadano, durante el ejercicio de funciones públicas, haya ejecutado una agresión dolosa a periodistas o a personas defensoras de derechos humanos por razón de su actividad. Esta consecuencia empezará a surtir sus efectos desde que la persona sea condenada por sentencia ejecutoriada por un tribunal civil o penal.”

Asimismo, adicionar la fracción VIII al Artículo 12: 

“[...] Por tener sentencia civil o penal firme por haber realizado, durante el ejercicio de un cargo público, cualquier acción u omisión que constituya una agresión dolosa a periodistas o personas defensoras de derechos humanos por razón de su actividad. La pérdida de esta prerrogativa impedirá que la persona ejerza cualquier cargo, comisión o empleo como servidor público dentro de la entidad federativa.”

Iniciativa Sinaloa propone ampliar Ley 3 de 3: https://iniciativasinaloa.org.mx/presenta-iniciativa-sinaloa-propuesta-legislativa-para-impedirque-agresores-de-periodistas-y-o-defensores-asuman-cargospublicos/ 

Libertad de expresión y DDHH bajo asedio

En la exposición de motivos se mencionó el actual contexto de riesgo para quienes hacen del periodismo y la defensa de derechos humanos su profesión o misión de vida.

Aunque las agresiones se manifiestan de múltiples maneras y por una diversidad de actores, los servidores públicos y gobernantes ocupan un rol central en la perpetuidad de la violencia contra estos dos gremios, además del crimen organizado y los particulares. 

De acuerdo con el documento, el sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto (2012-2018), ya había dejado  un panorama desolador con 2,502 agresiones, entre ellas 47 asesinatos y cuatro desapariciones. Sin embargo, la violencia no se detuvo y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se presentó un incremento del 62.13% en las agresiones, destacando patrones de intimidación, hostigamiento, uso ilegítimo del poder público y discursos estigmatizantes contra periodistas.

En Sinaloa, por ejemplo, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reporta un total de 184 agresiones de agosto de 2022 a abril de 2025, de las cuales 92 han sido exclusivamente contra periodistas e igual número contra defensores. 

Las agresiones más comunes para ambos grupos son las amenazas, pero también se registran casos de violencia digital, acoso judicial, campañas de desprestigio y estigmatización hasta ataques armados contra instalaciones de medios informativos. 

El 44% de las agresiones son cometidas por particulares presuntamente vinculados al crimen organizado, seguidos de particulares con el 27%; sin embargo, llama la atención que un 29% son perpetradas por funcionarios públicos, pese a ser los principales obligados a proteger a periodistas y activistas de acuerdo a las normas constitucionales y los tratados internacionales. En este grupo se incluyen funcionarios estatales y municipales, además de funcionarios de primer nivel e integrantes de las fuerzas armadas.

Incidencia legislativa para defender derechos

Con la referida iniciativa se busca inhibir a los potenciales agresores en el servicio público, ya que se ha incrementado la práctica de la estigmatización desde el poder contra periodistas y defensores, lo que implica poner en riesgo el acceso a los derechos fundamentales de toda la población, al ser estos grupos quienes ejercen en la primera línea la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos y sociales, así como de los grupos vulnerables.

Desde Iniciativa Sinaloa, existe el compromiso de dar un seguimiento puntual hasta lograr el fortalecimiento del marco jurídico e institucional para proteger a ambos gremios, lo que se suma a otras acciones de incidencia, como es el caso de la reciente creación de la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.