Al avalar la eliminación de la CEAIP, el Congreso local aprobó un retroceso de 20 años en transparencia 

 A unas horas de que el Senado aprobara la eliminación del INAI, legisladores locales aprobaron el dictamen para eliminar al órgano garante en la entidad

Culiacán, Sinaloa, a 29 de noviembre de 2024.- La aprobación del dictamen para avalar la desaparición de órganos autónomos en Sinaloa, entre ellos la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), representa un retroceso de 20 años para la entidad en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Durante una breve sesión de poco más de una hora, 30 de los 40 legisladores locales aprobaron el dictamen (23 Morena, 6 Partido Verde Ecologista de México y 1 Partido del Trabajo), 6 votaron en contra (1 PRI, 2 PAN y 1 PAS); mientras que 4 diputados no votaron (1 Morena, 1 PAS, 2 Movimiento Ciudadano).

Presente durante la sesión pública extraordinaria de la LXV legislatura, la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, lamentó que esta decisión del Legislativo local, no tomara en cuenta el avance que las y los sinaloenses han logrado a lo largo de las últimas dos décadas en relación al derecho a acceder a la información.

“Para nosotros como organización civil que lucha por el derecho de acceso a la información pública y la transparencia, vemos que esta decisión que acaba de avalar el Congreso de Sinaloa, representa un retroceso inminente para la transparencia, para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y para nuestro a saber. Estamos ante un retroceso de 20 años”.

“Lo que estamos viendo es que el gobierno quiere ser juez y parte en el manejo de la información pública, por ello acudimos hoy a las instalaciones del Congreso para manifestarnos en contra de esa decisión que, por mayoría avalaron las y los legisladores de Morena. Creemos que la solución no es desaparecer estos organismos, sino fortalecerlos”, expresó León Fontes. 

El pasado miércoles, Iniciativa Sinaloa se reunió con diputadas y diputados que integran la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. Expuso la inviabilidad de replicar la agenda nacional en la desaparición del órgano garante, sobre todo porque no abonaría a los derechos humanos, ni a la protección de datos personales, y en cambio, apostaría a que el derecho a la información pública carezca de independencia del gobierno estatal.