Actúa por lxs Desaparecidxs: familiares de las víctimas denuncian violaciones a derechos humanos en Sonora

• En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, presentan quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos con acompañamiento de Iniciativa Sinaloa AC y el Border Hub

• Como parte de las acciones, Iniciativa Sinaloa interpone denuncia por faltas administrativas en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora

Por Iniciativa Sinaloa

Hermosillo, Sonora, a 30 de agosto de 2022.-  Familiares de personas desaparecidas denuncian revictimización y múltiples violaciones a sus derechos fundamentales, por graves inconsistencias cometidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en la notificación de hallazgos y resultados de coincidencia genética, lo que provoca que los restos de sus seres queridos terminen en fosas comunes y duren meses o años para ser recuperados.

Uno de estos casos es el que ha revelado públicamente Patricia Bernal Mercado, por el cual ha decidido interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es una de las actividades de la campaña #Actúa Por Lxs Desaparecidxs, que han emprendido Iniciativa Sinaloa AC y el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub) para contribuir al acceso a la justicia para las personas afectadas.

De acuerdo con la relatoría de hechos, el padre de Patricia, el señor Manuel de Jesús Bernal Romero, fue privado de su libertad un mes después de la desaparición de su hija Cynthia Lizeth. Fue localizado sin vida 13 días más tarde, inhumado en una fosa común del municipio de Guaymas, pero su familia no fue notificada a pesar de existir los elementos para la identificación y que la familia preguntaba constantemente por su paradero en la Fiscalía. Patricia lo encontró seis meses después tras una búsqueda que emprendió por su cuenta, con apoyo de colectivos. Pero su hermana Cynthia continúa desaparecida.

La historia de esta familia no es un caso aislado. La FGJES confirmó que, en menos de dos años, se enviaron a fosas comunes de cementerios públicos de Sonora 2 mil 235 cuerpos o restos óseos;  952 en 2020; y de enero a noviembre de 2021, mil 283, según lo documentó el reportaje Desapariciones administrativos, el otro calvario en la crisis forense de Sonora, realizado con apoyo del Border Hub.

Junto con la queja de Patricia, como parte de la campaña #Actúa Por Lxs Desaparecidxs, Iniciativa Sinaloa AC dio acompañamiento a otra persona, de quien se omitirá su identidad, quien denuncia el mismo patrón de omisiones de la Dirección General de Servicios Periciales de la FGJES, con el agravante de que la familia tuvo que absorber los gastos de exhumación para poder recuperar el cuerpo de su familiar, desaparecido en 2016 y entregado cuatro años después.

Con la presentación de este recurso ante la CEDH, se busca que se abran las investigaciones correspondientes y se emitan recomendaciones a la FGJES y a los funcionarios responsables. 

A decir de las quejosas, su objetivo es llamar la atención de las autoridades para que estos actos de negligencia, que han violentado sus derechos humanos, no se sigan reproduciendo con otras personas, puesto que desgraciadamente las desapariciones forzadas continúan en aumento.

Los hechos narrados por las víctimas señalan que se han vulnerado, específicamente, su derecho al trato digno, derecho a la integridad, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la legalidad, derecho al acceso a la justicia y el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, además de los derechos póstumos de las víctimas de ser tratados con respeto y dignidad.

Por faltas administrativas, IS interpone denuncia

Por omisiones que señalan los familiares de personas desaparecidas en los procesos de búsqueda e identificación en el estado de Sonora, Iniciativa Sinaloa AC interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la FGJES en contra de quien o quienes resulten responsables.

La denuncia fue presentada este martes 30 de agosto, como una acción para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010, que de esta forma expresó su preocupación por el aumento de desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo en relación con detenciones arbitrarias, secuestros y actos de hostigamiento a sus familiares.

La denuncia se fundamenta en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, puesto que los hechos revelados por las víctimas dan cuenta de que los funcionarios en cuestión incumplen con la ley en actos que pudieran ser catalogados como una falta administrativa grave, a través del desacato al no respetar los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales. 

Además, podrían ser omisos en las obligaciones que les indica la ley al no cuidar la documentación e información que tienen bajo su cargo por motivo de su empleo o utilizarla de una manera indebida; y al no ceñirse al principio de gratuidad que marca la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, puesto que varios testimonios apuntan a que las familias tienen que pagar por servicios y trámites cuyo costo debería ser absorbido por el Estado. 

Iniciativa de ley en Yucatán: una propuesta para el sur

Es necesario resaltar que la desaparición forzada de personas ha alcanzado niveles de crisis humanitaria en nuestro país, donde se ha reconocido oficialmente que existen más de 100 mil personas en esta condición, generando un profundo dolor en sus comunidades y núcleos familiares.

Es una realidad que las investigaciones periodísticas del Border Hub han retratado de manera muy clara no solo en los estados de la frontera norte, sino también en la frontera sur. El reportaje Desdeñan a los desaparecidos tanto en Sonora como en Yucatán, los dos extremos de la violencia en México demuestra cómo sin importar la distancia y los contrastes de ambos estados, la negligencia es el común denominador, salvo que el estado sureño carece de un marco normativo local en materia de desaparición forzada de personas.

El rezago legislativo repercute en que esta entidad no cuente con instituciones dedicadas de manera específica al registro, búsqueda e identificación de personas desaparecidas, a pesar de que desde hace cuatro años se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. 

Frente a esta situación, el equipo de Iniciativa Sinaloa con apoyo del Border Hub entregó a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Yucatán la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Yucatán.

Con este marco regulatorio, se busca que en Yucatán se actualice el registro de personas desaparecidas y no localizadas, toda vez que el reportaje documentó que existen en el estado 522 personas en estas categorías. Sin embargo, persisten vacíos de información al no existir un padrón sistematizado. 

De igual forma, la legislación llevaría al Gobierno del Estado a crear instituciones como la Comisión Estatal de Búsqueda, órgano encargado de proponer la política pública para la búsqueda de personas, así como de crear grupos especializados para esta tarea.

De acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, hasta el 31 de agosto de 2020, se registraban más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y fosas comunes del país, por lo que es urgente que todos los estados cuenten con los instrumentos necesarios para la búsqueda e identificación de personas, a fin de brindar paz y verdad a las familias de las víctimas.