Sinaloa tiene una fiscalía anticorrupción deficiente

El IMCO y Tojil desarrollaron una investigación en las que se analizaron las 32 fiscalías anticorrupción en México, mostrando un panorama desalentador para 10 estados, entre ellos Sinaloa

Iniciativa Sinaloa

En México, hay 10 fiscalías anticorrupción que son deficientes y entre las peores está Sinaloa.

Una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Tojil Estrategia contra la impunidad reveló una serie de problemáticas importantes, que afectan los procesos de justicia en casos de corrupción.

En el caso de Sinaloa se encontraron deficiencias como la falta de autonomía, un deficiente uso de los recursos un nivel regular en capital humano, investigaciones  y sanciones contra personal, tiene una disminución de policías, tienen una carga promedio baja de expedientes por ministerio público, el cumplimiento es deficiente y en este 2022 han judicializado únicamente un caso.

Las deficiencias de la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa son notables en comparación con los resultados de 2020.

Una de esas deficiencias es la carga judicial, para 2020 había 13 carpetas de investigación por cada agente del Ministerio Público, mientras que en 2022 tienen únicamente 6 por cada uno. Eso implicó que el nivel de cumplimiento disminuyera.

Falta de autonomía

Para el IMCO y Tojil, uno de los problemas eje de la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa es su falta de autonomía.

“Implica un riesgo en la imparcialidad y objetividad en tanto la persecución de los delitos depende directamente del Fiscal del estado”, se explicó en la investigación.

Además, su falta de autonomía provoca también que la Fiscalía no cuente con protocolos, manuales o normatividad para preparar a su personal para realizar las audiencias del procedimiento penal, aun cuando las distintas etapas del proceso penal involucran la actuación de servidores públicos en audiencias. 

La falta de este tipo de instrumentos normativos puede afectar el desempeño de los servidores públicos durante las audiencias y evitar la correcta resolución de los casos, indicaron las organizaciones.

“Otro elemento crucial en el curso de las investigaciones es la normatividad respecto a la protección de testigos. Contar con normatividad permite recibir denuncias y realizar investigaciones de corrupción que puedan poner en peligro a las personas denunciantes”, se afirmó en el estudio.

Un caso que puede tomarse como ejemplo de la falta de autonomía y sus deficiencias es la investigación que se inició en 2021 en contra de Juan José Ríos Estavillo por haberse incrementado su salario y al de su círculo más cercano de colaboradores.

Se trata de la carpeta de investigación FGE/FECC/0003/2021/C.I. Esta incluyó al Fiscal General, su círculo más cercano entre fiscales, vicefiscales y directores, así como a Emma Guadalupe Félix Rivera, Auditora General del Estado, la auditora de Cumplimiento Financiero, la auditora de Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes, el Jefe del departamento de Auditoría Financiera a Entes Estatales y Auditores de Cuenta Pública.

Los delitos que se investigaron fueron Delitos Cometidos contra Servidores Públicos y Delitos Cometidos por Servidores Públicos, más los que resulten. Todo ello es por el perjuicio contra el patrimonio y el servicio público de la Fiscalía General del Estado, según se informó en la solicitud 00339821 hecha a la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía reconoció que hay un posible daño a la hacienda pública del organismo tras haber utilizado 5 millones 775 mil 8 pesos en 2019 para subir el sueldo del Fiscal General y 10 personas que se encuentran en su círculo cercano, tal como lo reveló la Auditoría en su último reporte.

Sin embargo, prefirió realizar una carpeta de investigación.

Copia de pantalla de respuesta a solicitud de información  con folio 00339821 realizada a la FGE.

Esta carpeta se resolvió dentro de la misma Fiscalía Anticorrupción, absolviendo al Fiscal General y a sus colaboradores, según informó la fiscal anticorrupción Nereyda Avilés Aceves.

Cumplimiento ineficiente en investigaciones

El reporte del IMCO y Tojil reveló también que el presupuesto ha ido en disminución pasó de 64.4 millones de pesos en 2020 a 39.7 millones de pesos en 2022.

Lo mismo ocurrió con el número de personas que trabajan en la fiscalía anticorrupción, de 8 en 2020 policías de investigación a 4 en 2022. La de Sinaloa es una de las tres fiscalías con menos de 10 personas asignadas en la Fiscalía Anticorrupción junto con Guerrero y Yucatán.

Al mismo tiempo, la carga de trabajo judicial ha disminuido en un 50 por ciento y, aun así, también la consignación de casos ante jueces.

Para 2020 hubo 64 investigaciones iniciadas, de esas 6 fueron judicializadas y 2 tuvieron sentencias condenatorias en lo penal.

En 2022 se han registrado 29 investigaciones iniciadas, solo 1 ha sido judicializada y aún no se tiene sentencias.

El caso judicializado es contra del alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro y seis colaboradores:

* Issel Guillermina Soto González, ex Tesorera del Ayuntamiento y Presidenta del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Culiacán

* Othón Herrera y Cairo Yarahuán, ex Secretario del Ayuntamiento y Primer Vocal del Comité

* Alejandro Amézquita Villaseñor, ex Director General de Administración, hoy Oficialía Mayor

* Raúl Alcántar Kondo, Director de Egresos y Presupuesto del Ayuntamiento

* Angelina Marisela Gutiérrez González, Regidora Presidenta de la Comisión de Hacienda

* María Antonia Sarabia Ibarra, Regidora Secretaria de la Comisión de Hacienda

El delito que se persigue es el de Desempeño Irregular de la Función Pública por la renta de 40 camiones para recolección de basura por 117 millones de pesos que se deberán pagar en un periodo de 30 meses. Fue un contrato a través de adjudicación directa, con la justificante de que debía hacerse una contratación urgente.

Fue un acto que se aprobó por el Comité de Adquisiciones en una videoconferencia, pues en 2020 se justificó hacer reuniones oficiales de esa manera para evitar contagios de Covid-19.

Además, se señaló en audiencia inicial celebrada el 12 de octubre de 2022 que la firma con residencia en Ciudad de México cedió el contrato a otra empresa llamada Grin Leasing, la cual mantiene los cobros al Ayuntamiento.

Esta última empresa tiene un acuerdo con otra llamada Casanova Vallejo para que subarrende los camiones a cambio de 2.5 millones de pesos mensuales.

La Fiscalía Anticorrupción señaló que el trato pudo ser de manera directa, pero se utilizó negocios como fachada.

Este es el único caso que ha llegado a tribunales en 2022, pese a que cuentan con otras 29 carpetas de investigación iniciadas solo este año.

Ante esta situación, desde Iniciativa Sinaloa exhortamos a que la Fiscalía Anticorrupción cumpla con su función de investigar los casos por posibles delitos en materia de corrupción, así como a transparentar su actuar en cuanto a las investigaciones concluidas, las desechadas y aquellas con sentencias condenatorias. 

Solo de esa manera lograremos avanzar hacia una Fiscalía que cuente con la confianza ciudadana y cumpla los objetivos para los que fue creada, en el marco del Sistema Estatal y Municipal  Anticorrupción.