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5.1 obtuvo Sinaloa, mientras que el DF un 8.1

Iniciativa Sinaloa y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, presentaron los resultados del Índice del Derecho de Acceso a la Información, así como algunos obstáculos que inhiben el ejercicio de este derecho en Sinaloa. La presentación, realizada el 16 de junio, contó con la participación del director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, Guillermo Ibarra, así como la de los diputados del PRI, Sandra Lara; del PAN, Francisco Solano; del PRD, Imelda Castro; y del PAS, Robespierrre Lizárraga. Los legisladores admitieron que a la legislación de esta entidad le hace falta una profunda reforma y, sobre todo, la voluntad de los gobernantes y de la mayoría de los legisladores para mejorar la calidad del marco jurídico. La diputada Imelda Castro del PRD se comprometió a empujar una mesa de trabajo para iniciar el análisis de las necesidades en nuestra entidad. Renata Terrazas, investigadora de Fundar, dio a conocer que entre los resultados, Sinaloa destaca con una calificación reprobatoria de 5.1, siendo el peor calificado Hidalgo, con 4.5, y el mejor el Distrito Federal, con 8.1. La metodología se basó en las revisiones de las leyes de acceso respecto a 196 criterios elegidos de acuerdo a parámetros nacionales e internacionales, y forman parte de Índice del Derecho de Acceso a  la Información en México (IDAIM) que elabora Fundar y cuya segunda edición salió este 2014.  El IDAIM ofrece una fotografía del estado de las leyes de transparencia en el país, y permite comparar las leyes a la luz de los principios y bases contenidos en la última reforma constitucional de transparencia. Sirve para saber cómo se pueden homologar los criterios de las 32 entidades federativas del país, buscando que el ejercicio del derecho de acceso sea parejo en todos los rincones. En  Sinaloa sigue sin reconocerse el derecho de acceso a la información como un derecho humano, es decir, no se interpreta conforme a la Constitución mexicana; a la ley estatal le falta además establecer que los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive de sus funciones, así cumplir con las resoluciones del órgano garante. Actualmente, las resoluciones del órgano garante no tienen una efectividad positiva en los sujetos obligados, quienes no están obligados a acatar sus resoluciones. Especial atención cobra en Sinaloa el proceso de elección de los comisionados del órgano garante (CEAIPES), debido a que actualmente se aplica un proceso opaco donde la participación ciudadana no es incluida. Tanto en Fundar como Iniciativa Sinaloa pugnamos porque el proceso de selección cumpla con los siguientes criterios: convocatoria abierta, procedimiento certero con etapas y plazos, entrevistas abiertas a candidatos, instrumento técnico de evaluación para los aspirantes, inclusión de la participación ciudadana en proceso de selección, voto del congreso por mayoría y previsión del conflicto de interés (que los comisionados puedan excusarse cuando haya conflicto de interés en el caso).

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