2024: año violento contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Sinaloa

Iniciativa Sinaloa presenta registro de agresiones con al menos 32 ataques, que abarcan amenazas, campañas de desprestigio y actos de intimidación hasta violencia física, como lesiones, disparos a medios de comunicación, desaparición y desplazamiento forzado; mujeres defensoras y colectivos de búsqueda, entre los más amenazados

Culiacán, Sin., a 26 de febrero de 2025.- El 2024 fue un año difícil para quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos en Sinaloa.

Iniciativa Sinaloa AC presentó “Periodismo y defensa de derechos humanos en riesgo: mujeres en el blanco de la violencia”, un registro de agresiones que se realizó con el objetivo de conocer quiénes son los principales agresores y cuáles son los tipos de agresiones que sufren de manera más frecuente.  

En especial, interesó saber cuáles son los impactos diferenciados que enfrentan mujeres periodistas y activistas por su condición de género, sobre todo en el actual contexto de violencia que ha afectado a Culiacán y a otros municipios del estado, derivado de conflictos entre grupos del crimen organizado, explicó Sibely Cañedo, coordinadora de proyectos de la organización civil.

Por su parte, la periodista América Armenta, encargada de la investigación, indicó que como resultado de un monitoreo de medios de comunicación y redes de periodistas y defensores de derechos humanos, se registró un total de 32 agresiones, de las cuales 24 fueron cometidas contra periodistas y medios de comunicación; mientras las ocho restantes, contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. 

Campañas de desprestigio y actos de intimidación fueron las agresiones más frecuentes contra periodistas y quienes ejercen la defensa de los derechos fundamentales. La violencia no sólo se quedó en amenazas, sino que llegó a concretarse de manera física, ya que también se registraron lesiones, detenciones arbitrarias, ataques a balazos a medios periodísticos, la desaparición forzada del trabajador de un periódico y desplazamiento forzado. 

La violencia se presentó, además, en el ámbito digital con actos como usurpación de identidad, ataques del tipo denegación de servicio que impidieron el libre flujo de información en varios medios; sin contar que gran parte de las amenazas e intimidaciones se llevaron a cabo por esta vía, sobre todo en redes sociales y por teléfono.

Ataques contra medios y la libertad de expresión

En el caso de periodistas y medios, las campañas de desprestigio representaron el 21% de los registros (5 casos), mientras los actos de intimidación fueron el 12.5% (3 casos); igual porcentaje que los ataques a portales informativos del tipo denegación de servicio (DDOS), los cuales impidieron el libre flujo de información durante la jornada electoral; el 8.3% (2 casos) fueron bloqueos informativos; lo mismo que detenciones arbitrarias, daños a bienes inmuebles y amenazas. Por último, con el 4% (1 caso cada una), se registraron situaciones de desplazamiento interno forzado, usurpación de identidad digital, acceso ilícito a portal, persecución, desaparición forzada de un trabajador y amenazas a medio de comunicación. 

En cuanto a la prensa, el 29% de las agresiones (7 casos) se atribuyen al crimen organizado; el 25% a actores políticos (6 agresiones), incluyendo un candidato a diputado federal, el Gobernador del Estado y una funcionaria municipal de Mazatlán. Mientras que el 29% de la procedencia de las agresiones (7 casos) se desconoce, sobre todo las amenazas; y el 17% (4 agresiones) fueron cometidas por elementos de seguridad federal, Guardia Nacional o Ejército.

Violencia contra organizaciones y personas defensoras de DDHH

En este rubro, las personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil sufrieron al menos 8 agresiones, en las cuales las mujeres fueron las más afectadas, en especial porque fueron atacadas asociaciones mayormente compuestas y lideradas por mujeres.  

En la primera parte del año,  hubo un reporte de lesiones a una persona trans que defiende los derechos de la población LGBT, y denunció haber sido agredida por una funcionaria estatal al negarle su derecho al cambio de identidad. 

De igual forma, la asociación Iniciativa Sinaloa, dedicada al combate a la corrupción, fue objeto de una campaña de desprestigio por parte del gobernador, Rubén Rocha Moya, quien en reiteradas ocasiones se dedicó a denostar a la organización utilizando la máxima tribuna del estado. Dos mujeres indígenas defensoras de territorio en el municipio de Ahome e integrantes del movimiento Aquí No, opositor de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, fueron agredidas físicamente durante festividades de comunidades mayo-yoreme. Supuestamente, por un conflicto promovido por el Gobierno del Estado al fomentar la división en los mandos tradicionales.

En septiembre de 2024, detonó la violencia de la llamada “narcoguerra”, lo que repercutió en más agresiones contra colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. El colectivo Sabuesos Guerreras fue víctima de amenazas a través de su página de Facebook, con el claro objetivo de que dejaran de realizar su labor. Y para finalizar 2024, la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa también fue víctima de probables actos de intimidación por la vía digital, a través de una intromisión en la plataforma de Zoom para sesiones virtuales. 

Como se puede advertir, en la mitad de los casos las agresiones provienen de agentes del Estado, incluyendo el gobernador y funcionarios estatales; mientras en el restante 50%, se trata de agresores desconocidos que emiten amenazas, pero se presume que se trata de personas vinculadas al crimen organizado.

Experiencias en el riesgo para periodistas y defensoras

En la presentación del informe, participó Ximena con X, activista por los derechos de la comunidad LGBT, quien habló de su experiencia realizando esta labor y de la agresión que sufrió y fue parte del registro.

Como persona trans, lamentó la hostilidad que prevalece en diversos sectores de la sociedad hacia este grupo de población, y en particular que son funcionarios públicos quienes violentan sus derechos humanos, a pesar de ser los más obligados a respetarlos.

“No se puede cuantificar el hecho de que las organizaciones ciudadanas hagan visibilidad de este tema y busquen hacer incidencia; sobre todo en el caso de personas trans, ya que para nosotras la exposición pública puede ser muy peligrosa”, señaló.

Al haber sido beneficiaria del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, solicitó un mayor seguimiento a su caso ya que tiene un expediente abierto por la agresión física que denunció a principios de 2024 en el Registro Civil del estado, además de que acude a manifestaciones de manera frecuente.

Por su parte, la periodista Alexandra Figueroa explicó que los atentados a balazos contra los medios de comunicación han impactado en el gremio periodístico, extendiendo el miedo con el que ejercen su trabajo, lo que les llega a impactar inclusive en el ámbito familiar.

Aseguró que ser mujer, ser periodista o activista significa enfrentar muchos riesgos que son ignorados o minimizados.

Tendencias para 2025

En enero de 2025, se detectó un alza en la violencia contra mujeres buscadoras, ya que se registró una amenaza contra la líder de Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz Bernal,  en el marco de un evento internacional; además de que el mismo colectivo fue amenazado y se reportó una agresión física contra otra mujer dedicada a la búsqueda de desaparecidos. También un ataque digital contra una mujer periodista y activista en temas de transparencia; un caso de extorsión contra un periodista y actos de intimidación contra un defensor de derechos laborales. En total 6 agresiones, 5 de ellas contra defensores y colectivos. En un mes se cometió el 62.5% de los ataques que recibieron en el año anterior. 

En suma, es preocupante el incremento de la violencia contra personas defensoras y periodistas en Sinaloa, en particular en contra de mujeres integrantes de colectivos y organizaciones civiles, por lo que urge tomar medidas de prevención, atención y sanción a las agresiones con una perspectiva de género, así como fortalecer las políticas públicas de protección a estos dos gremios, fundamentales para alcanzar la justicia y social y una democracia sustantiva.

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